
El tratamiento de la Ley municipal del peso justo en Tarija se encuentra paralizado debido a observaciones planteadas por algunos concejales, informó la concejal Marcela Guerrero. Aunque la norma fue aprobada hasta el artículo 7, el debate se truncó al abordar el tema de los decomisos, generando controversia y retrasos en su aprobación.

Guerrero explicó que el proyecto de ley busca regular que todos los productos se vendan con el peso justo, para evitar que los consumidores sean perjudicados con cantidades inferiores a las anunciadas. La norma contempla decomisos e infracciones para quienes no respeten esta disposición. Sin embargo, la confusión sobre cómo aplicar los decomisos a productos de procedencia extranjera, especialmente de Argentina, complicó el avance del proceso.
La concejal aclaró que el espíritu de la norma no es decomisar mercancía extranjera, sino garantizar que los productos vendidos tengan el peso correcto y correspondiente. Señaló que algunos concejales no comprendieron bien este punto y que se requieren mayores consensos para continuar con el tratamiento del proyecto en el pleno del Concejo Municipal.

Entre los casos detectados, Guerrero mencionó que productos envasados comercializados en el país, como el azúcar que se vende por quintal, no cumplen con el peso real anunciado, afectando al consumidor. Esta situación se repite en otros productos, razón por la cual la ley busca establecer controles y sanciones efectivas para los infractores.
El proyecto de ley fue presentado en respuesta al aumento de precios de productos de primera necesidad y a los hallazgos en operativos de control, donde se constató no solo el incremento de costos, sino también ventas con pesos inferiores. La iniciativa se elaboró con la participación de juntas vecinales preocupadas por el impacto en la economía familiar.
Finalmente, Guerrero enfatizó que, en un contexto de crisis económica y desempleo creciente en Tarija, el sobreprecio y la venta con peso injusto golpean severamente a la población, por lo que es urgente avanzar en esta normativa para proteger a los consumidores y promover la justicia comercial.

