El especialista Esteban Ortuño sostuvo que el Código Penal actual es insuficiente porque las penas de cárcel terminan siendo negociadas políticamente. La propuesta normativa busca la anotación preventiva y ejecución rápida de propiedades privadas de los promotores para resarcir los daños económicos causados al Estado.
Ante los severos perjuicios acumulados tras más de 50 días de cortes de rutas en el país, el debate jurídico se orienta hacia la creación de nuevos mecanismos de sanción civil. El abogado constitucionalista Esteban Ortuño sostuvo que Bolivia necesita una ley antibloqueos que permita sancionar de manera más severa a quienes promuevan medidas de presión que ocasionen daños a la economía, la infraestructura y otros perjuicios al Estado. Entre las medidas propuestas, planteó la incautación y embargo de bienes de los responsables de estas acciones para garantizar el resarcimiento económico de las pérdidas públicas y privadas.
Ortuño calificó la iniciativa como una alternativa indispensable para pacificar el territorio, aclarando de forma contundente que bloquear vías no constituye un derecho constitucional, sino un hecho delictivo que pone en riesgo vidas humanas, destruye la infraestructura y estrangula las finanzas estatales.
Competencia del nivel central y el fracaso de la vía penal
El analista constitucional precisó que, para tener viabilidad jurídica y efectividad técnica, la norma debe cumplir con dos condiciones de diseño legislativo:
- Alcance nacional: Debe ser una ley emanada del nivel central del Estado. Ortuño aclaró que las competencias constitucionales para proteger la paz social, asegurar la economía nacional y resguardar tanto los bienes estatales como la propiedad privada corresponden a las facultades privativas, exclusivas o concurrentes del Ejecutivo central, por lo que las Entidades Territoriales Autónomas (ETA’S) no poseen la capacidad de legislar de manera directa sobre esta materia.
- Superación del carácter punitivo: El abogado argumentó que la ley debe romper con el típico enfoque penal de sancionar únicamente con años de cárcel. Explicó que el sistema ordinario actual —inscrito en el Código Penal— fracasa debido a que los mandamientos de apremio, las órdenes de detención y la liberación de arrestados terminan convirtiéndose en fichas de negociación política para levantar las medidas de presión.
Embargo express de casas para frenar el «negocio» de las dirigencias
Para subsanar este vacío de impunidad, el constitucionalista propone virar hacia la vía de las sanciones civiles y pecuniarias de ejecución inmediata contra el patrimonio personal de los promotores de las protestas viales.
«Se tiene que hacer unas anotaciones preventivas y embargos de los bienes de los dirigentes de manera rápida para precautelar el resarcimiento del daño económico que se ha producido al Estado. Yo les aseguro que cuando haya una casa ejecutada y embargada por el daño económico, se lo van a pensar dos, tres o cuatro veces antes de ser dirigentes bloqueadores, porque ese también es un negocio y no van gratis. Cuando un dirigente vea que le han ejecutado o rematado la casa en favor del Estado, se les va a terminar la valentía de querer perjudicar a la infraestructura estatal y al sistema democrático». — Esteban Ortuño, Abogado Constitucionalista.
Finalmente, Ortuño cuestionó que, tras casi dos meses de paralización caminera, los líderes sindicales permanezcan «tan campantes» sin responder penal ni civilmente por las afectaciones financieras masivas. El jurista sentenció que alguien debe asumir la responsabilidad material por las carreteras de la Red Vial Fundamental destruidas y por las calles que fueron dinamitadas en la ciudad de La Paz, justificando que la única manera de frenar el desafío a las autoridades legalmente constituidas es afectando directamente los bolsillos y propiedades de quienes convocan a los cercos.