La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, envió a los 27 líderes de la Unión Europea un documento que marca un ultimátum: antes de diciembre, el bloque debe elegir entre tres opciones para financiar las necesidades militares y económicas de Ucrania en los próximos dos años. La mandataria advierte que no existen “soluciones fáciles” y que la parálisis sería un grave error estratégico para Europa.
En su carta de 12 páginas, Von der Leyen detalla que Ucrania necesitará 135.000 millones de euros hasta 2027, de los cuales 83.400 millones serían destinados a sus Fuerzas Armadas y 55.200 millones al funcionamiento de su economía. La cifra casi iguala el total aportado por la UE desde el inicio de la invasión rusa en 2022, una carga que se ha vuelto más pesada tras la reducción del apoyo estadounidense con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
Las primeras dos opciones de financiamiento apuntan a un nuevo endeudamiento: una vía nacional voluntaria, o una vía conjunta que comprometería a todos los miembros de la UE. Aunque ambas alternativas serían relativamente simples de implementar, tendrían un fuerte impacto fiscal en países con déficits elevados y exigirían una cuidadosa gestión para conseguir buenos tipos de interés en los mercados.
La tercera opción, la más controvertida, propone utilizar como base los activos rusos congelados en la UE —unos 185.000 millones de euros, en su mayoría bajo custodia de Euroclear en Bélgica— para otorgar un préstamo de hasta 140.000 millones a Ucrania. Este dinero sería reembolsado solo cuando Rusia acepte pagar reparaciones de guerra, un escenario incierto que ha generado fuertes preocupaciones legales y diplomáticas.
Bélgica, principal custodio de los activos, teme enormes riesgos jurídicos, incluida la posibilidad de demandas multimillonarias por parte de Moscú bajo tratados de inversión vigentes. Para calmar estos temores, Von der Leyen propone garantías “irrevocables y a petición” por parte de todos los Estados miembros, pero reconoce que podrían durar “para siempre” si las sanciones no se levantan o si Rusia no acepta compensar los daños.
La presidenta de la Comisión también admite que el uso de activos rusos podría generar efectos colaterales en los mercados financieros y dañar la reputación de la eurozona ante inversores extranjeros. Subraya que la participación del resto del G7 es crucial para minimizar riesgos, aunque Estados Unidos y Japón se muestran cautos, a diferencia de Reino Unido y Canadá, que respaldan la idea.
Von der Leyen advierte que la decisión debe tomarse en la cumbre europea del 18 y 19 de diciembre, porque Ucrania necesitará un nuevo flujo de ayuda externa en el segundo trimestre de 2026, clave también para obtener un nuevo programa del FMI. Si las negociaciones sobre los activos rusos se traban, la UE podría recurrir temporalmente a las opciones de endeudamiento para evitar un vacío financiero. “El futuro de Europa está ligado a lo que ocurra en Ucrania”, concluye la presidenta.
