El legislador departamental de Tarija anunció que la demanda se ampara en los perjuicios ocasionados durante los 53 días de bloqueos en el país. La querella penal incluye cinco delitos específicos, entre ellos homicidio culposo y daños a bienes del Estado.
Las repercusiones legales por las pérdidas humanas y financieras provocadas por la reciente crisis social llegaron a los estrados judiciales. El asambleísta departamental de Tarija, Fabián Ochoa, informó que se trasladará a dependencias de la Fiscalía Departamental de Tarija para presentar de manera formal una denuncia penal en contra de los principales cabecillas y promotores de las movilizaciones que mantuvieron cercado al país por más de 50 días.
La demanda civil y política apunta directamente contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo; el ejecutivo de la Federación Departamental de Campesinos de La Paz «Túpac Katari», Vicente Salazar; y el senador suplente por Unidad Nacional (UN), Nilton Condori, extendiéndose además a otros actores que resulten identificados en las investigaciones como partícipes de las medidas de presión.
Ochoa fundamentó la acción judicial señalando que se cometieron graves transgresiones que afectaron de forma directa la estabilidad de la población.
«Presentamos esta denuncia por los presuntos delitos de atentar contra los derechos fundamentales de los bolivianos, la economía de los bolivianos y de los tarijeños, y sobre todo por las vidas que se han perdido en estos 53 días de bloqueo. Esta es una denuncia que la hemos preparado con un equipo de juristas que ha podido recabar puntualmente la información y presentar una descripción de los hechos ocurridos desde el primero de mayo hasta el 23 de junio. Lo hacemos por responsabilidad con el departamento y con la patria». — Fabián Ochoa, Asambleísta Departamental de Tarija.
Tipificación de delitos y desobediencia constitucional
De acuerdo con el informe brindado por el legislador tarijeño, el equipo técnico de juristas logró sistematizar un legajo acusatorio basado en el Código Penal boliviano. El memorial que será entregado al Ministerio Público detalla y enuncia una serie de delitos específicos presuntamente cometidos por los denunciados durante el desarrollo del conflicto:
- Instigación y asociación: Se acusa a los dirigentes de incurrir en los delitos de instigación pública a delinquir (Artículo 130) y asociación delictuosa (Artículo 132).
- Pérdida de vidas: Se incorpora el delito de homicidio culposo (Artículo 260) debido a los fallecimientos registrados a consecuencia del cerco en las carreteras.
- Afectación civil y pública: Se tipifican las figuras de privación de libertad (Artículo 292), junto con daños y deterioros de bienes del Estado (Artículo 357 y concordantes).
Finalmente, Ochoa remarcó que la denuncia penal sumó de manera complementaria el delito de desobediencia a resoluciones constitucionales. Esta determinación se sustenta en que una Sala Constitucional de la ciudad de La Paz ya había emitido con anterioridad un fallo de carácter obligatorio que ordenaba levantar de forma inmediata todos los bloqueos de caminos en el territorio nacional, una resolución que fue completamente ignorada por las dirigencias sindicales y el legislador investigado.