Seis prohibiciones clave marcarán las elecciones generales de este domingo en Bolivia

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia dispuso seis prohibiciones que regirán antes y durante las elecciones generales del próximo domingo 17 de agosto. Entre ellas destacan la restricción de manifestaciones públicas, el consumo y expendio de bebidas alcohólicas, así como el porte de armas de fuego o instrumentos peligrosos. Estas medidas están contenidas en la Resolución TSE-RSP-ADM N° 342/2025, aprobada el 22 de julio.

Desde la medianoche del jueves 14 hasta las 18:00 del domingo 17, queda prohibida cualquier forma de proselitismo político, ya sea en actos públicos o mediante expresiones que manifiesten apoyo o rechazo a una candidatura. Asimismo, la venta y consumo de bebidas alcohólicas estará vetada desde el viernes 15 hasta el mediodía del lunes 18 en todo tipo de establecimientos, incluyendo domicilios particulares.

En el ámbito de seguridad, la norma prohíbe el porte de armas de fuego, objetos punzocortantes o cualquier elemento contundente durante todo el día de los comicios, exceptuando a las Fuerzas Armadas y a la Policía. Del mismo modo, están prohibidos actos, reuniones o espectáculos públicos desde las cero horas hasta la medianoche del domingo.

Otra de las medidas clave es la prohibición del traslado de electores entre recintos de votación durante toda la jornada electoral, así como la circulación de vehículos sin autorización del TSE. Esta restricción abarca a motorizados particulares, oficiales y de servicio público, salvo aquellos con permiso especial expedido por el Órgano Electoral.

En cuanto al transporte, el TSE dispuso la suspensión de servicios como el teleférico en La Paz y el transporte terrestre, ferroviario, lacustre y aéreo a nivel nacional, con excepción de los viajes vinculados a la labor de autoridades electorales y de seguridad. Únicamente se permitirán vuelos internacionales en tránsito o con destino u origen en Bolivia.

Las sanciones incluyen multas económicas, retención de vehículos y hasta penas privativas de libertad de dos a cinco años en casos de traslado masivo irregular de electores. El incumplimiento de las disposiciones será procesado por jueces electorales, quienes aplicarán las medidas establecidas en la ley y en la resolución correspondiente.

Vía: Los Tiempos

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