La crisis sanitaria en Argentina por el uso de fentanilo clínico contaminado continúa agravándose. Según datos judiciales, al menos 76 personas han fallecido tras recibir el opiáceo infectado con bacterias, y las autoridades advierten que podría haber más víctimas no identificadas. La contaminación alcanzó a unas 154.000 ampollas elaboradas por HLB Pharma Group y el Laboratorio Ramallo, de las cuales unas 45.000 fueron administradas a pacientes antes de su retiro.
Los decesos se produjeron en pacientes hospitalizados por otras dolencias, quienes recibieron fentanilo como analgésico o anestésico y posteriormente desarrollaron infecciones graves por bacterias multirresistentes, como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. Las pericias confirmaron la presencia de estos microorganismos en dos lotes de producción, uno de ellos ampliamente distribuido y utilizado.
El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación, aseguró que “hoy no circulan ampollas contaminadas” en el país. Sin embargo, reconoció que no existe un sistema de trazabilidad estricto del uso del fentanilo, lo que dificulta precisar el número real de afectados. Las primeras muertes se registraron en abril pasado, en la provincia de Buenos Aires.
La investigación apunta a establecer responsabilidades entre directivos, empleados y empresas relacionadas con la producción y distribución del medicamento. Hasta el momento, hay 24 sospechosos con prohibición de salir del país e inhibición de sus bienes. Entre ellos figura Ariel García Furfaro, considerado el principal responsable de las firmas implicadas.
El proceso judicial también involucra a nueve empresas vinculadas, y ya se han realizado allanamientos y secuestros de teléfonos celulares para analizar posibles maniobras de encubrimiento o evasión. El juez sostiene que existen indicios de conductas ilícitas en la cadena de producción y distribución del fentanilo contaminado.
En los últimos años, HLB Pharma acumuló sanciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) por falsificación de productos, controles deficientes e incumplimientos de trazabilidad. El organismo aclaró que la farmacéutica no está autorizada para producir ni comercializar medicamentos, lo que agrava el escándalo y abre interrogantes sobre los mecanismos de control en el país.
Vía: El País, España