El presidente del Comité Cívico de Tarija, Jesús Gira, informó que la institución participará en la audiencia pública de inspección dentro del proceso judicial que involucra a la empresa petrolera Petrobras y comunarios de Chiquiaca, quienes defienden la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. El dirigente explicó que el movimiento cívico realiza seguimiento legal y técnico al caso debido a su importancia ambiental para el departamento.
Según detalló, el juez agroambiental fijó para el 16 del presente mes una inspección en el lugar del conflicto, programada para las 09:00 de la mañana, además de una audiencia pública prevista para el 24 del mismo mes. Ambas actuaciones forman parte del proceso iniciado para esclarecer las denuncias vinculadas al desarrollo de actividades hidrocarburíferas en la zona protegida.
El caso fue impulsado mediante una acción presentada por la Defensoría del Pueblo, que planteó medidas cautelares ante presuntas irregularidades en el proceso de obtención de la licencia ambiental por parte de la empresa petrolera. La demanda busca determinar si se vulneraron derechos o normativas ambientales durante la autorización de operaciones.
Gira señaló que llamó la atención del movimiento cívico un recurso presentado por la Procuraduría General del Estado, mediante el cual se solicitó modificar las fechas de las audiencias, argumentando que el plazo de 30 días inicialmente establecido habría concluido. No obstante, indicó que desde el Comité Cívico consideran que el proceso debe continuar conforme a la secuencia judicial establecida.
El dirigente enfatizó que la institución participará activamente tanto en la inspección del 16 como en la audiencia del 24, con el objetivo de garantizar que el proceso se desarrolle con transparencia y se respeten los derechos denunciados por los comunarios y defensores de la reserva.
Finalmente, sostuvo que en estas audiencias se determinará si existieron o no vulneraciones en el proceso de licenciamiento ambiental. En ese marco, explicó que la empresa y las partes involucradas deberán exponer sus argumentos ante el juez agroambiental, quien será el encargado de resolver el caso conforme a la normativa vigente.