El Concejo Municipal de Tarija aprobó por unanimidad una ley destinada a regularizar y registrar legalmente las áreas verdes, espacios de equipamiento urbano, vías de circulación y otros bienes de dominio público. La normativa busca prevenir avasallamientos, loteamientos y apropiaciones indebidas de terrenos destinados al uso colectivo.
El concejal Rodrigo Calizaya informó que la propuesta fue elaborada durante aproximadamente tres meses, a partir de reclamos de vecinos y dirigentes barriales por la ocupación de espacios públicos. El trabajo contó con el respaldo técnico y legal de la Dirección de Ordenamiento Territorial del Ejecutivo municipal.
Calizaya afirmó que la ley busca frenar la ocupación ilegal de estos terrenos y garantizar que los espacios destinados a la recreación y al equipamiento urbano permanezcan al servicio de la población. La inscripción de los bienes en Derechos Reales permitirá fortalecer su protección jurídica.
Tras la aprobación, el siguiente paso será elaborar el reglamento y coordinar convenios con el Colegio de Topógrafos para apoyar los procesos de regularización. Según el concejal, la incorporación de profesionales permitirá ampliar la capacidad de atención municipal y reducir los tiempos de espera para los trámites técnicos.
Actualmente, algunos servicios de la Dirección de Ordenamiento Territorial pueden demorar entre dos y tres meses debido a la capacidad operativa limitada. La propuesta contempla la participación de 16 topógrafos, quienes prestarían servicios gratuitos para facilitar los levantamientos técnicos y la documentación necesaria.
La normativa también permitirá avanzar en la digitalización y cuantificación de las áreas públicas, de modo que los presidentes de barrio puedan consultar información sobre la situación de estos espacios. Calizaya indicó que la reglamentación se coordinará con el Ejecutivo municipal y está prevista para un plazo de 30 días.
Entre los proyectos que podrían beneficiarse de la regularización, el concejal mencionó la construcción de 17 canchas deportivas en el Distrito 10, además de iniciativas educativas y otros equipamientos mediante mecanismos de inversión y alianzas público-privadas. La aplicación efectiva de la ley dependerá de su reglamentación y de la ejecución de los procedimientos técnicos y legales correspondientes.