Sentencia constitucional determina que el pago de bonos en salud es competencia del Gobierno Nacional

La secretaria de Desarrollo Humano de la Gobernación de Tarija, María Lourdes Vaca, informó que una reciente sentencia constitucional ratifica que la responsabilidad del pago de bonos y beneficios al personal de salud corresponde al Gobierno Nacional y no a los gobiernos departamentales.

La autoridad recordó que esta posición fue sostenida desde el inicio de la gestión y que ahora la justicia constitucional respalda plenamente dicho criterio.

Vaca explicó que la sentencia, emanada a raíz de un caso similar en el departamento del Beni o Pando, tiene carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio para todas las entidades territoriales. En ese sentido, aclaró que el Gobierno Nacional debe asumir los pagos de los bonos que benefician a trabajadores del sistema de salud, entre ellos los bonos de vacunación, que anteriormente se exigía que sean financiados con recursos departamentales.

Según la secretaria, el conflicto generó una demanda de alrededor de 8 millones de bolivianos del presupuesto de la Gobernación y otros 3 millones de la Región Autónoma del Chaco, lo que representaba una afectación total de 11 millones de bolivianos a las arcas públicas del departamento.

“Hemos actuado con responsabilidad y hoy se confirma que nuestra posición era correcta. No corresponde que el gobierno departamental asuma obligaciones que no son de su competencia”, manifestó.

Vaca también señaló que el pago de estos bonos no solo alcanzaba a personal contratado por los gobiernos departamentales, sino también a ítems nacionales del Tesoro General de la Nación (TGN) y del programa “Mi Salud”. En ese sentido, remarcó que el uso de fondos departamentales para cubrir salarios y beneficios de personal dependiente del nivel central del Estado “no es justo, ni legal”.

Finalmente, la autoridad afirmó que esta sentencia marca un precedente importante para todos los departamentos del país, ya que delimita claramente las competencias en materia de salud.

“Con este fallo, queda claro que el Gobierno Nacional debe asumir su responsabilidad. Los recursos departamentales deben destinarse a proyectos e inversiones propias del desarrollo regional”, concluyó.

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