El sector de la construcción en Tarija expresó su preocupación por el incremento sostenido en el precio de los insumos y advirtió que esta situación pone en riesgo la continuidad de varias obras. El presidente de la Cámara de la Construcción de Tarija, Rolando Zurriable, señaló que el aumento se debe principalmente al encarecimiento del diésel y la gasolina, lo que ha generado un efecto en cadena en distintos materiales y servicios vinculados a la actividad constructiva.
Según el dirigente, a diferencia de otros sectores que han recibido medidas de apoyo o ajustes en sus tarifas, el rubro de la construcción no ha podido actualizar los costos de los contratos vigentes. Esta situación, explicó, provoca que las empresas trabajen con pérdidas desde el 17 de diciembre de 2025.
Zurriable indicó que el sector sostuvo varias reuniones con autoridades del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, donde se logró consensuar un proyecto de decreto para permitir el reajuste de precios en las obras. Sin embargo, el documento se encuentra actualmente en análisis en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, instancia donde, según afirmó, el proceso se encuentra paralizado.
El representante del sector advirtió que alrededor de mil empresas afiliadas a la cámara y otras tres mil que no forman parte de la institución podrían verse afectadas si no se aprueba una normativa que permita equilibrar los costos. Explicó que, sin un reajuste, las constructoras tendrían que asumir hasta un 50% adicional del presupuesto original para concluir las obras, lo que pondría en riesgo su estabilidad financiera.
En ese contexto, estimó que el ajuste necesario podría situarse entre un 40% y 50%, dependiendo de los componentes que el Gobierno decida incluir en la actualización de costos, como materiales o mano de obra. El objetivo, según explicó, es restablecer el equilibrio financiero de los contratos y evitar que proyectos queden inconclusos.
Finalmente, Zurriable señaló que inicialmente se requiere un decreto supremo que permita realizar estos reajustes, aunque también planteó la necesidad de impulsar una ley específica para el sector de la construcción. Dicha normativa, sostuvo, permitiría establecer mecanismos automáticos de actualización de precios cuando se registren incrementos en los insumos, garantizando estabilidad tanto para el Estado como para las empresas constructoras.