Diversas instituciones cruceñas se reunieron con el gobernador Luis Fernando Camacho para abordar la creciente problemática de los avasallamientos en el departamento de Santa Cruz. En la mesa de coordinación participaron representantes de la Policía Boliviana, el Ministerio Público, el Tribunal Departamental de Justicia y el sector productivo, quienes acordaron acciones conjuntas para reforzar la defensa de la propiedad privada y garantizar la seguridad jurídica en la región.
El encuentro concluyó con la decisión de convocar nuevamente a la Comisión Agraria Departamental esta misma semana, en el Centro de Educación Ambiental (CEA), con el objetivo de trazar estrategias institucionales frente a los grupos que protagonizan tomas ilegales de tierras. “La propiedad privada productiva debe ser defendida porque garantiza la seguridad alimentaria del país”, expresó el gobernador Camacho durante la reunión.
Por su parte, Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), advirtió que a nivel nacional existen 331 predios avasallados, la mayoría en Santa Cruz, donde se concentran 2,2 millones de las 3 millones de hectáreas cultivables que sostienen la producción alimentaria del país. Recordó además que este sector genera 1,6 millones de empleos, por lo que cualquier atentado contra la tierra productiva tiene consecuencias directas sobre la economía nacional.
Frerking y otros representantes denunciaron que los avasallamientos son ejecutados por grupos que se autodenominan “interculturales”, pero que, según los productores, ingresan violentamente, saquean propiedades y hasta cosechan los cultivos con la maquinaria de los propietarios. Un ejemplo reciente fue el intento de toma de un predio en Montero, donde el propio Camacho acudió junto a la Policía para frenar el hecho.
El gobernador agradeció el rápido accionar policial y fiscal, destacando la labor de los jueces que enviaron a los responsables a prisión. “Esto refleja resultados que dan tranquilidad a la ciudadanía”, afirmó. En la misma línea, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Aldo Quezada, señaló que el encuentro representó un “espacio de coordinación institucional para dar seguridad y confianza a la población”.
Quezada fue enfático en advertir que el sistema judicial será implacable con quienes participen en avasallamientos. “No se reconocerán fueros sindicales ni se permitirá ejercer violencia por mano propia. Las autoridades haremos prevalecer la Constitución y las leyes”, subrayó. El fiscal departamental, Alberto Zeballos, reforzó esta postura y aseguró que “no se encubrirá ningún hecho que atente contra la propiedad privada”.
En paralelo, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, anunció el envío de un contingente de 350 policías a Guarayos para intervenir el predio “El Cielo”, avasallado el domingo. Finalmente, Camacho adelantó que, si el INRA no participa de la próxima reunión de la Comisión Agraria Departamental, será denunciado por incumplimiento de deberes, ya que su presencia es obligatoria por norma. “Santa Cruz defenderá su tierra, su producción y su legalidad”, concluyó el gobernador.
Vía: El Deber