La secretaria de Desarrollo Humano de la Gobernación de Tarija, María Lourdes Vaca Vidaurre, señaló que la institución no se encuentra en condiciones económicas de cumplir con la nivelación salarial de los trabajadores en salud respecto a los ítems financiados por el Tesoro General de la Nación (TGN).
Explicó que esta obligación surge de una ley aprobada en una gestión pasada, cuando el departamento gozaba de mayores ingresos y mejores condiciones económicas, situación que cambió de manera drástica en los últimos años. Según Vaca, la realidad financiera actual hace operativamente imposible ejecutar dicha nivelación.
La autoridad informó que la Gobernación envió una solicitud a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) para que revise y modifique algunas leyes, con el objetivo de adecuarlas a la disponibilidad de recursos. Aclaró que, si bien existe una evidente disparidad entre los salarios de los ítems departamentales y los ministeriales, es necesario ajustarse a la capacidad financiera actual.
Recordó que el departamento cuenta con más de 600 ítems en salud, pero que la reducción de ingresos y la falta de nuevas fuentes de financiamiento hacen insostenible cubrir una nivelación que representa un gasto muy elevado.
Vaca también mencionó que la Gobernación enfrenta dificultades adicionales como el pago del bono de vacunación, que demanda más de 8 millones de bolivianos, sin considerar los recursos que deben cubrirse en la Región Autónoma del Chaco.
Subrayó que, de efectuarse un débito automático para financiar este beneficio, necesariamente se afectarían otros programas sociales, como la canasta alimentaria para el adulto mayor.
En ese sentido, afirmó que la gestión departamental debe priorizar sectores más vulnerables antes que comprometer recursos en obligaciones que resultan inviables de cumplir bajo el contexto actual.
La secretaria remarcó que el problema no es exclusivo de Tarija, sino que afecta a todos los departamentos del país, debido a un modelo autonómico limitado de recursos y a políticas centralistas heredadas. A su criterio, es necesario repensar la autonomía y avanzar hacia un pacto fiscal que garantice descentralización acompañada de mayores ingresos.
“Las demandas del sector salud son legítimas, pero hoy son materialmente imposibles de atender sin generar un déficit que impactaría en otras áreas esenciales”, concluyó Vaca, subrayando la urgencia de revisar las competencias y priorizar de manera responsable el gasto público departamental.
