La Cámara de Diputados vivió una jornada de confusión administrativa luego de que la Oficialía Mayor emitiera y posteriormente anulara un instructivo que ordenaba la devolución inmediata de los activos fijos en custodia de los funcionarios legislativos y administrativos, en el marco de la conclusión del periodo legislativo 2020-2025.
El primer comunicado establecía que desde el 30 de septiembre todo el personal debía devolver los bienes asignados, en cumplimiento de las normas de administración del Estado. Sin embargo, la medida generó críticas y consultas, ya que la nueva Asamblea Legislativa recién asumirá funciones en noviembre, una vez que el Tribunal Supremo Electoral entregue las credenciales a los nuevos legisladores.
Ante esta situación, la Oficialía Mayor emitió un segundo comunicado dejando sin efecto la disposición inicial. En el documento se aclaró que la decisión responde a solicitudes técnico-administrativas y que se revisará el procedimiento para adecuarlo a los plazos de transición entre gestiones.
El instructivo anulado detallaba un cronograma de entrega: las bancadas y plataformas ciudadanas debían devolver sus activos hasta el 30 de septiembre, las comisiones, comités y diputados de pasillo hasta el 10 de octubre, y las brigadas nacionales hasta el 24 de octubre.
La normativa vigente establece que todos los servidores públicos son responsables por el uso, custodia y preservación de los bienes, que deben ser devueltos en las mismas condiciones en que fueron entregados, salvo el desgaste natural. Esto incluye vehículos con informes técnicos y sin multas pendientes, además de equipos informáticos acompañados de reportes de la Dirección de Informática.
La anulación temporal del instructivo posterga el proceso de devolución de bienes, pero mantiene vigente la obligación de los funcionarios de responder por el estado de los activos. El tema seguirá en evaluación mientras se define el mecanismo adecuado para el traspaso administrativo al nuevo periodo legislativo.
Vía: Red UNO