El diputado Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, propuso que la ley antibloqueos sea sometida a un referéndum nacional, en caso de que la Asamblea Legislativa Plurinacional sancione la norma, para que sea la ciudadanía la que defina si corresponde o no su promulgación.
El legislador sostuvo que, mediante el voto popular, se podrá decidir si el presidente del Estado, Rodrigo Paz, debe promulgar la ley, en un contexto marcado por el rechazo de diversos sectores sociales y sindicales a la iniciativa legislativa.
“La ley antibloqueos se la puede someter a un referéndum para que el conjunto de todos los bolivianos defina si está de acuerdo con que se la promulgue”, afirmó Alarcón en un video difundido en sus redes sociales, donde defendió su propuesta como una salida democrática al conflicto.
El parlamentario recordó que el proyecto de ley, presentado a inicios de enero, se encuentra actualmente en tratamiento en la Asamblea Legislativa, y que ha generado una fuerte reacción, especialmente de la Central Obrera Boliviana (COB), que rechaza cualquier intento de penalizar los bloqueos.
Desde el oficialismo, el vicepresidente Edmand Lara advirtió este sábado que la norma forma parte de una estrategia del Gobierno para gobernar mediante decretos y ejecutar un plan de persecución contra sectores críticos, argumento que alimenta la polarización en torno a la ley.
En respuesta, Alarcón aseguró que, si en un eventual referéndum se impone el rechazo a la norma, esta quedaría automáticamente sin efecto, lo que, a su juicio, permitiría descomprimir la tensión social y dar legitimidad a la decisión final.
El diputado sostuvo que la iniciativa responde al “cansancio y hartazgo” de la población frente a los bloqueos de carreteras, a los que calificó como actos de violencia que afectan a la mayoría de los bolivianos. “Si la COB cumple sus amenazas, como último recurso tenemos el camino del referéndum”, afirmó.
La COB, por su parte, se declaró en emergencia y advirtió con retomar protestas y bloqueos si se promulga la ley, en rechazo a la normativa que busca sancionar penalmente estas medidas de presión, bajo el argumento de que generan graves daños económicos y sociales.
En este escenario, el presidente Rodrigo Paz recordó que la Constitución garantiza el derecho a la protesta, aunque advirtió que se aplicarán sanciones penales a quienes utilicen dinamita durante las movilizaciones, mientras el debate sobre la ley antibloqueos se traslada del Parlamento a la posibilidad de una definición en las urnas.
Vía: Opinión