El exfiscal anticorrupción Anghelo Saravia reveló que entre 2015 y 2016 los procesos judiciales contra técnicos del Fondo Indígena implicaban el pago de hasta el 10% de los recursos observados, en medio de un esquema de corrupción y encubrimiento que, según su testimonio, fue instruido desde la Fiscalía General del Estado.
Saravia relató que, por directrices superiores, se excluyó de la investigación del millonario desfalco a varios técnicos impuestos por organizaciones sociales afines al MAS y al entonces gobierno de Evo Morales, pese a que existían indicios suficientes sobre su participación en el manejo irregular de los recursos.
El caso, que ocasionó un daño económico aproximado de Bs 4.000 millones, se encamina ahora a un juicio contra 15 personas, entre ellas la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo. Paralelamente, permanece recluido en el penal de San Pedro el actual presidente del Estado, Luis Arce, quien en ese periodo ejercía como ministro de Economía y Finanzas.
Saravia explicó que, al asumir como jefe de la comisión de fiscales, recibió dos carpetas del caso Fondo Indígena y, junto a otros fiscales, analizó durante un mes la documentación para establecer responsabilidades del directorio y de las organizaciones sociales involucradas, entregando posteriormente un informe al entonces fiscal general Ramiro Guerrero.
El exfiscal aseguró que su decisión de imputar y llevar a la cárcel a Achacollo generó una fuerte resistencia interna, al punto de que se habría obstaculizado el proceso para favorecer a la exministra y a otros implicados, incluidos técnicos del Fondo Indígena, pese a las pruebas existentes.
Según Saravia, estas acciones derivaron en un montaje en su contra que le costó el cargo y, posteriormente, su libertad. Desde prisión, en 2019, presentó una denuncia detallando los hechos y los mecanismos de encubrimiento que, a su juicio, protegieron a actores clave del desfalco.
El exfiscal también relató que un técnico del Fondo Indígena le confesó haber sido extorsionado con $us 12.000 por otro fiscal, bajo la promesa de no ser imputado, acuerdo que no se cumplió. El técnico terminó en la cárcel, lo que evidenció —según Saravia— la falta de protección política para algunos implicados.
En su testimonio, Saravia señaló que los técnicos y asesores del Fondo Indígena jugaron un rol central en el fraude, al diseñar estrategias administrativas para engañar a dirigentes de comunidades campesinas, quienes recibían dinero en cuentas personales y firmaban desembolsos sin respaldo, cargando luego con toda la responsabilidad legal.
Finalmente, el abogado Héctor Castellón sostuvo que estos técnicos fueron impuestos por organizaciones del denominado “Pacto de Unidad”, afín al MAS, y que el exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, no tenía control sobre su contratación o despido, lo que consolidó un sistema de cuotas de poder que facilitó el desfalco y dejó los proyectos inconclusos.
Vía: El Deber