El gobernador de Tarija, Oscar Montes, cuestionó duramente a la Asamblea Legislativa Departamental, asegurando que la institución “se aplazó” por no acompañar la gestión ejecutiva ni realizar los ajustes legales necesarios ante la caída de ingresos.
Señaló que, pese a insistentes pedidos desde 2021, la Asamblea no redujo el número de asambleístas —que nuevamente serán 30— ni modificó ninguna de las más de 90 leyes económicas generadas en tiempos de bonanza.
Montes recordó que su administración solicitó desde mayo de 2021 la revisión integral del andamiaje normativo heredado de gestiones anteriores, especialmente de la época de Lino Condori, cuando existían ingresos elevados.
Sin embargo, afirmó que la Asamblea no solo evitó adecuar esas normas a la nueva realidad presupuestaria, sino que incluso aprobó más leyes que incrementan las obligaciones financieras de la Gobernación.
Según el Gobernador, la falta de ajustes coloca a la autonomía departamental en una situación crítica. Explicó que las leyes vigentes exigen aproximadamente 460 millones de bolivianos anuales, mientras que la Gobernación solo recibe cerca de 140 millones en regalías y debe destinar otros 100 millones al pago de deudas, lo que deja un margen extremadamente reducido para operar.
A eso se suman obligaciones como ítems, canasta alimentaria, Prosol y transferencias municipales, que elevan las necesidades económicas a más de 400 millones.
Montes advirtió que, sin una mayoría sólida en la próxima Asamblea, cualquier futuro gobernador enfrentará la misma situación de “asfixia financiera”.
Por ello, afirmó que el próximo mandatario departamental —sea quien sea— necesitará al menos 18 a 20 asambleístas afines para realizar los cambios estructurales que la normativa requiere. De lo contrario, dijo, la Gobernación “no podrá sostenerse” en los próximos años.
Finalmente, lamentó que el exceso de obligaciones legales y la falta de reformas conviertan a su gestión en una suerte de “sepulturera de la autonomía”, debido a que las condiciones actuales hacen imposible cumplir con todas las leyes sin comprometer la sostenibilidad financiera del departamento.
