El Gobierno nacional oficializó la incorporación del tramo San Lorencito–Iscayachi–Yunchará–Cruce Mojo–Villazón a la Red Vial Fundamental (RVF) mediante la promulgación de la Ley 1699, firmada por el presidente Rodrigo Paz Pereira el 13 de noviembre de 2025. La norma declara de necesidad y utilidad pública la construcción de esta vía estratégica y habilita al Ministerio de Obras Públicas a gestionar su financiamiento y coordinar acuerdos con las entidades territoriales.
Aunque la Federación del Autotransporte 15 de Abril de Tarija celebró la decisión, admitió desconocer el alcance de la Ley debido a la falta de información oficial. El sector recordó que esta ruta ha sido una demanda histórica desde 2021, cuando transportistas y autoridades exigieron que el tramo deje de depender de las gobernaciones, que no cuentan con recursos suficientes para su mantenimiento ni para su asfaltado.
El conflicto por esta carretera se remonta a julio de 2021, cuando autoridades de Tarija y Potosí se reunieron con la dirigencia del transporte en Higueras–Villazón para evaluar el deterioro del tramo. En esa reunión, todas las instituciones coincidieron en que las gobernaciones estaban imposibilitadas de continuar haciéndose cargo de la vía. Mientras tanto, desde el Legislativo se impulsó un proyecto para transferir la responsabilidad al nivel central, pero los avances fueron mínimos.
La falta de intervención generó un deterioro constante. El dirigente transportista Gabriel Pérez recordó que cada temporada de lluvias dejaba el camino intransitable, sin que la Gobernación realizara mantenimiento y sin que la ABC pudiera intervenir al no ser competente. Esta situación, según dijo, puso en riesgo permanente a quienes circulan por una ruta abandonada por años.
El tramo comprende 70 kilómetros, distribuidos entre Tarija y Potosí. En 2021 solo se realizaron trabajos de raspaje, sin compromisos de inversión ni plazos claros. La falta de coordinación derivó en nuevos conflictos en 2023, cuando Potosí anunció que financiaría el 95% de su sector, mientras Tarija paralizó su parte tras retirar recursos del estudio técnico. Esto llevó a un paro indefinido de comunidades de Yunchará, que exigían el cumplimiento de los acuerdos iniciales.
Pese a la promulgación de la nueva Ley, el transporte asegura que continúa la ausencia de planificación y diálogo con el Ministerio de Obras Públicas. Pérez recordó que los acuerdos nacionales establecen que el Gobierno debe financiar el 70% de los proyectos y las gobernaciones el 30%; sin embargo, advirtió que Tarija ya no está en condiciones de aportar. En su criterio, el tramo debe pasar completamente a control del Estado.
El sector cuestiona también la falta de respuesta del ministro de Obras Públicas, quien es oriundo de Tarija, pese a las solicitudes formales de la Confederación del Transporte. Para los dirigentes, la construcción de la carretera Yunchará–Villazón es clave para la integración con Potosí y la frontera argentina, y representa una oportunidad de desarrollo regional. “Donde hay carreteras, hay progreso. No podemos seguir esperando”, concluyeron.
