Gobernador Oscar Montes respalda al Tribunal Supremo y pide poner fin a la “autoprórroga” del Tribunal Constitucional

El gobernador del departamento de Tarija, Oscar Montes Barzón, expresó su respaldo pleno al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, por la postura asumida en torno al pedido de que los magistrados “prorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) cesen en sus funciones.

Montes calificó esta decisión como un paso fundamental para restablecer la independencia del poder judicial y fortalecer la democracia en el país.

La autoridad departamental señaló que las acciones emprendidas por el TSJ responden al mandato constitucional y reflejan el sentir del pueblo boliviano, que demanda la separación efectiva e independencia entre los tres poderes del Estado.

En ese sentido, consideró que el pronunciamiento del Tribunal Supremo está “bien encaminado” y orientado a recuperar la legitimidad institucional perdida por decisiones que, según dijo, vulneraron principios democráticos.

Montes cuestionó la “autoprórroga” de los magistrados del TCP, calificándola como una actitud injustificable y contraria a la Constitución Política del Estado, ya que impide la renovación legítima de las autoridades judiciales.

En su criterio, resulta incomprensible que se haya elegido a cuatro magistrados nuevos y no a los cinco requeridos, lo que evidencia —dijo— un manejo irregular del proceso judicial y político.

El gobernador recordó además que el Gobierno Departamental de Tarija fue afectado directamente por decisiones del Tribunal Constitucional “autoprorrogado”, al recibir una sentencia que consideró parcializada en favor del sector laboral.

Por ello, sostuvo que este tipo de fallos reflejan la necesidad urgente de devolver la legalidad y transparencia al sistema judicial.

Montes felicitó la iniciativa del TSJ por asumir la defensa del orden constitucional y por buscar restituir la legitimidad de los poderes del Estado.

El gobernador afirmó que este tipo de acciones fortalecen la democracia y permiten recuperar la confianza ciudadana en la administración de justicia, un aspecto esencial —dijo— para el desarrollo institucional y político del país.

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