El legislador nacional señaló que los proyectos de ley referidos a recursos naturales y riqueza del suelo deben ser consensuados previamente con la ciudadanía, conforme dictan los artículos del régimen económico de la CPE. Recordó el fracaso de normas pasadas por falta de debate y alertó sobre la urgencia de viabilizar estas normas para aliviar la asfixia financiera de Tarija.
El diputado nacional por Tarija, José Luis Porcel Marquina, advirtió que el paquete de doce leyes estratégicas que pretende impulsar el Gobierno nacional enfrentará severas dificultades legislativas y sociales si se insiste en omitir el proceso de socialización previa con la ciudadanía boliviana. El parlamentario enfatizó que la Constitución Política del Estado (CPE) obliga a transparentar y debatir de cara al país cualquier proyecto normativo que involucre el uso, explotación o administración de los recursos naturales y las riquezas del suelo y subsuelo.
Porcel manifestó su temor de que, por la prisa del Ejecutivo, se repitan escenarios de conflictividad del pasado donde leyes técnicamente viables terminaron abrogadas o archivadas debido al rechazo popular provocado por la falta de socialización.
«La Constitución es clara en sus artículos del 348 al 358, así como en las disposiciones sobre participación y control social (Artículos 241 y 242). Los proyectos de ley que definen el destino de las riquezas que pertenecen a todos los bolivianos tienen que socializarse obligatoriamente. Si no se hace, se está violando la Carta Magna y se corre el riesgo de lo que pasó en su momento con la Ley 1720 de garantías agrícolas: era una buena propuesta para que los productores obtuvieran créditos, pero al no socializarse, se cayó. El temor de nuestra bancada es que proyectos tan importantes vuelvan a cristalizarse en la nada». — José Luis Porcel Marquina, Diputado Nacional.
La viabilidad constitucional frente a la opción de reformar la CPE
Al ser consultado sobre las declaraciones del analista y ex-precandidato Jaime Durán, quien calificó a la actual Constitución como una estructura de corte «socialista y antiinversión» que frena la llegada de capitales, Porcel coincidió en que la normativa vigente tiene rigideces, pero descartó que el camino inmediato sea buscar una reforma constitucional.
- El camino más corto: El diputado argumentó que abrir la Constitución para modificar artículos orientados a la inversión privada tomaría demasiado tiempo en el legislativo y requeriría referéndums, postergando soluciones urgentes.
- Adecuación y voluntad política: Sostuvo que la vía más rápida y efectiva es adecuarse estrictamente a lo que la CPE actual permite, utilizando la socialización abierta como la herramienta principal para legitimarla.
- Llamado al desprendimiento partidario: Porcel instó a los parlamentarios de todas las fuerzas políticas a despojarse de consignas partidarias y prejuicios ideológicos para unirse a las brigadas de socialización, especialmente en los departamentos productores de hidrocarburos como Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija.
Tarija en estado crítico por estrangulamiento financiero
La urgencia de viabilizar este paquete legislativo —que incluye una nueva Ley de Hidrocarburos, la Ley de Bonos de Carbono, la Ley de Energía Eléctrica y una Ley de Seguridad Jurídica— radica en la profunda crisis económica que golpea a las regiones.
Según el legislador, la Alcaldía de Tarija y de manera más crítica la Gobernación departamental se encuentran financieramente «estranguladas» debido a la caída de ingresos y la transferencia unilateral de competencias nacionales sin el respaldo de recursos frescos. El departamento requiere con urgencia que se reactiven las inversiones en el subsuelo para generar liquidez, pero esto solo será posible si las leyes que regulen estos sectores cuentan con la seguridad jurídica que brinda el consenso social y el estricto respeto a la Constitución.