El vicegobernador de Tarija, Gonzalo Ávila, confirmó que la gobernadora en ejercicio, María René, asistirá formalmente a la reunión convocada por el Gobierno nacional con los gobernadores del país el próximo 5 de agosto. La autoridad departamental señaló que este encuentro técnico y político será el escenario idóneo para que la región presente una propuesta firme y de carácter estructural. La comitiva tarijeña buscará entablar una negociación directa con el nivel central del Estado para revertir el ahogo financiero que sufren las administraciones autónomas.
La propuesta de Tarija plantea una hoja de ruta crítica previa a la discusión de un pacto fiscal definitivo en el país. Desde la perspectiva del ejecutivo departamental, no se puede consolidar una distribución equitativa de recursos sin antes ordenar las cuentas internas y los límites competenciales de cada nivel de gobierno. Ávila explicó que el plan de Tarija se sostiene sobre tres pilares fundamentales: el establecimiento de una verdadera soberanía fiscal, la concreción de un alivio financiero y la delimitación estricta de las responsabilidades que debe asumir el Gobierno nacional.
La Gobernación cuestiona duramente que los recursos departamentales sigan destinándose a cubrir obligaciones que, por ley, le corresponden de forma exclusiva al Órgano Ejecutivo central. Respecto a esta distorsión administrativa, el vicegobernador declaró: «Hemos planteado ya públicamente cómo hay temas de competencia nacional que nosotros estamos pagando ya de manera como si fuera una tradición que no deberíamos cumplir; no estamos logrando nosotros disponer de nuestros propios recursos, tenemos muy poco margen de maniobra sobre la plata que es nuestra», argumentando que esto limita la inversión en la región.
El alivio fiscal solicitado por el departamento incluye la necesidad urgente de sentarse con las autoridades nacionales para conciliar deudas históricas recíprocas y resolver procesos administrativos inconclusos. Entre los temas pendientes, la gobernación tarijeña prioriza el cierre financiero de proyectos de infraestructura vial ejecutados en la red vial departamental fundamental. Según Ávila, estas deudas y trámites abiertos asfixian la capacidad económica local, por lo que es vital lograr un saneamiento antes de proyectar cualquier nuevo acuerdo de distribución impositiva.
Asimismo, la administración departamental enfatizó que es momento de profundizar las autonomías llevándolas «al límite» mediante un debate real sobre las fuentes de ingresos estatales. Debido a que los gobiernos departamentales no forman parte de la coparticipación tributaria tradicional, Tarija plantea discutir alternativas viables de recaudación que involucren impuestos nacionales clave. Entre las opciones propuestas a analizar con el resto de las regiones se encuentran el Impuesto a las Transacciones (IT), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE).
Finalmente, el ejecutivo tarijeño informó que ya se han remitido cartas oficiales a las principales autoridades del Legislativo nacional detallando las leyes específicas que el departamento solicita derogar, abrogar o revisar para destrabar sus finanzas. Con esta base técnica, Tarija liderará una postura que busca ser compartida por el resto de las gobernaciones del país, las cuales enfrentan crisis financieras similares y la urgencia común de recuperar su capacidad real de planificación y desarrollo regional.