La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia filial Tarija, Yolanda Herrera, presentó un contundente manifiesto en el que exigió al Estado el cese del “extractivismo depredador” que, según la institución, vulnera la normativa ambiental y amenaza directamente las áreas protegidas, con énfasis en la Reserva Natural de Tariquía.
Herrera sostuvo que es imprescindible garantizar el derecho a la vida, el respeto a los derechos medioambientales y la protección de quienes defienden estos territorios, considerando su importancia ecológica y social.
En su pronunciamiento, la dirigente rechazó de manera categórica el amedrentamiento contra comunarios de Chiquiacá y Saicán, quienes mantienen vigilias para impedir el ingreso de Petrobras a la zona.
Denunció que estas poblaciones están siendo intimidadas mientras ejercen su derecho a defender los recursos naturales colectivos y territoriales, tal como lo reconoce la Constitución Política del Estado Plurinacional. Añadió que la situación evidencia una grave vulneración a principios fundamentales de protección.
Herrera también condenó el uso de la fuerza contra mujeres y menores de edad, calificando esta acción como una transgresión directa a la integridad física y psicológica de grupos en situación de vulnerabilidad.
Recordó que el Estado está obligado a brindar protección reforzada a estos sectores, por lo que cualquier intervención violenta, afirmó, constituye un acto ilegal que debe ser investigado y detenido de inmediato.
La Asamblea de Derechos Humanos exhortó a las autoridades y a las empresas petroleras a respetar plenamente los derechos colectivos y la normativa ambiental vigente, recalcando que la defensa de la Madre Tierra “no es negociable”.
Herrera advirtió que, según reportes de los propios comunarios, el ingreso proyectado a la zona petrolera afectaría una cabecera de río, considerada la fuente principal de agua en Tariquía. Esta situación encendería alarmas sobre el impacto en un recurso esencial y en el derecho fundamental al agua.
En su declaración, Herrera señaló que la flexibilización y modificación de normas para habilitar el ingreso petrolero representa una muestra clara de vulneración institucional, y llamó a Tarija a “reaccionar” ante lo que calificó como abuso, atropello y prepotencia.
Afirmó que los comunarios están defendiendo solos los recursos naturales, mientras las autoridades guardan silencio pese a la gravedad de los hechos.
Finalmente, anunció que el lunes una delegación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Tarija, junto con el Defensor del Pueblo a nivel nacional, se trasladará a La Paz para interpelar a las autoridades y exigir transparencia sobre lo que está ocurriendo en la reserva.
Asimismo, instó a senadores y diputados tarijeños a tomar postura y elevar su voz en defensa de Tariquía, recordando que la protección del agua y de la biodiversidad es un deber del Estado y un derecho irrenunciable de la población.
