La tarde de este viernes, el expresidente Luis Arce Catacora fue trasladado al penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz, para cumplir cinco meses de detención preventiva por el caso Fondo Indígena. El ingreso se produjo pasadas las 18:25, bajo un fuerte resguardo policial, tras la orden emitida por el juez 12º de Instrucción Penal Anticorrupción, Elmer Laura.
Al momento de ingresar al recinto penitenciario, Arce realizó breves declaraciones a los medios. “No nos hemos ido, estamos aquí…”, afirmó el exmandatario, en un mensaje dirigido a sus seguidores, mientras atravesaba los controles de seguridad del penal.
El exjefe de Estado fue conducido desde las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde permaneció luego de participar de forma virtual en la audiencia cautelar. El traslado se realizó con un amplio despliegue policial, destinado a garantizar la seguridad y evitar incidentes durante el recorrido hacia el centro penitenciario.
La decisión judicial fue adoptada tras más de seis horas de audiencia, en la que el juez consideró que existen riesgos procesales, principalmente de obstaculización de la investigación. Según la resolución, la condición de exmandatario de Arce le otorgaría capacidad de influencia sobre exfuncionarios y testigos vinculados al proceso.
Asimismo, la autoridad judicial sostuvo que existen indicios suficientes de probabilidad de autoría en los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, imputados en el marco del proceso penal que investiga presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos.
El caso Fondo Indígena es considerado uno de los mayores escándalos de corrupción del país, por el presunto desvío de fondos destinados a proyectos productivos para organizaciones indígenas y campesinas. La Fiscalía sostiene que Arce, cuando fue ministro de Economía y miembro del directorio del fondo, no habría ejercido los controles que le correspondían.
Con el ingreso de Arce al penal de San Pedro, se activa el cumplimiento de la detención preventiva dispuesta por la justicia, mientras el Ministerio Público continúa con la toma de declaraciones, pericias y otros actos investigativos clave para esclarecer el destino de los recursos observados.
El proceso vuelve a colocar en el centro del debate político y judicial la responsabilidad de exautoridades en el manejo de fondos públicos, en un caso que mantiene alta expectativa sobre sus alcances y eventuales derivaciones penales.
Vía: El Deber