“Nos preocupa que las normas se estén aplicando al anillo del dedo de algunos loteadores o especuladores de tierras”, señaló el edil.
El concejal municipal Daniel López denunció la falta de respuesta por parte de la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT) ante los reiterados pedidos de información sobre la aprobación de planimetrías y urbanizaciones en la ciudad.
Según explicó, hace más de un mes se solicitaron informes para constatar si se cumplen los requisitos exigidos por ley, entre ellos la posesión pacífica de los terrenos, condición indispensable para avalar una planimetría. Sin embargo, la DOT no ha proporcionado los datos requeridos ni ha atendido las audiencias solicitadas.
La preocupación surgió luego de que, a través de reportes de limpieza de lotes baldíos, se identificaran 30 terrenos vinculados a una exministra y actual vicepresidenta del Movimiento al Socialismo (MAS). López explicó que en esos predios no existe una comunidad establecida ni posesión efectiva, lo que hace presumir una posible irregularidad en la aprobación de esas planimetrías, que habrían beneficiado de forma directa a una sola persona. “Nos preocupa que las normas se estén aplicando al anillo del dedo de algunos loteadores o especuladores de tierras”, señaló el edil.
Ante la falta de respuesta institucional, el concejal informó que se cumplieron los plazos administrativos para obtener los informes, se enviaron reiterativas formales y se solicitaron audiencias al director de la DOT y al alcalde Johnny Torres, pero ninguna fue atendida. Para López, la negativa a transparentar la información podría indicar irregularidades o encubrimiento dentro de los procesos de aprobación de planimetrías y urbanizaciones.
El concejal también cuestionó que estas posibles irregularidades terminen beneficiando a grupos privados en lugar de a los vecinos que buscan la regularización de sus barrios. “Queremos asegurarnos de que las planimetrías sean para los barrios y no para quienes hacen negocio con los terrenos a costa de los impuestos de los tarijeños”, enfatizó. López advirtió que, si se confirma que la DOT ha actuado de forma irregular, se exigirán responsabilidades administrativas y legales.
Finalmente, el concejal recordó que la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) Departamental solicitó la abrogación de la Ley 490, con el objetivo de permitir que más de 200 barrios regularicen su situación. López expresó su apoyo a esa iniciativa, siempre y cuando esté dirigida a beneficiar a los vecinos y no a grupos que buscan lucrar con la tierra. “La transparencia es la única forma de garantizar que los recursos y la planificación urbana estén al servicio de la gente y no de intereses particulares”, concluyó.