El abogado defensor de la expresidenta Jeanine Áñez, Luis Guillén, anunció que se analiza iniciar procesos penales contra jueces, fiscales y funcionarios del Gobierno de Luis Arce que participaron en los juicios que derivaron en la detención de la exmandataria. La advertencia surge luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anulara la sentencia del denominado caso “Golpe II”, decisión que, según la defensa, evidencia una persecución judicial y un uso político del sistema judicial.
Guillén sostuvo que la resolución del TSJ demuestra que durante más de cuatro años Áñez fue víctima de una “persecución ilegal y arbitraria”, impulsada —según dijo— con fines políticos.
“Hubo un uso arbitrario de las decisiones judiciales. Si la exmandataria así lo decide, se analizarán acciones por reparación de daños, porque fueron más de cuatro años y medio de privación de libertad injustificada”, manifestó el jurista.
El abogado aclaró que la defensa está evaluando “cada una de las decisiones” tomadas en el proceso para determinar responsabilidades individuales y la viabilidad de iniciar demandas penales y civiles. “No es posible que hayamos tenido jueces y fiscales que se prestaron a patrañas políticas, en procesos armados que buscaban convertir a Áñez en un trofeo”, agregó.
Guillén extendió sus críticas más allá del caso “Golpe II”, señalando que la expresidenta fue procesada por vías que no correspondían y con argumentos alejados del marco penal. Por ello, pidió al Consejo de la Magistratura que realice una auditoría de oficio sobre la actuación de los operadores de justicia que intervinieron en las causas contra su defendida. “Esto debe ser investigado; el país necesita saber quiénes se prestaron a vulnerar la ley”, expresó.
La decisión del TSJ, conocida este miércoles, anuló la sentencia que condenaba a Áñez a diez años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. El fallo, según el presidente del Tribunal, Romer Saucedo, se basó en “argumentos de forma y fondo” que evidencian vicios en el proceso y vulneraciones a los derechos de la exmandataria.
“Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia ejecutoriada y, en consecuencia, la libertad inmediata de la exmandataria”, confirmó Saucedo en declaraciones a la prensa en Sucre. La resolución implica que el caso deberá ser revisado nuevamente, aunque la defensa confía en que este fallo marque un punto de inflexión en la independencia judicial del país.
Con la anulación de la condena, Áñez recupera su libertad después de cuatro años y medio de detención. Su equipo legal considera que el fallo del TSJ abre la puerta a una revisión más amplia del sistema judicial boliviano y al reconocimiento de las irregularidades cometidas durante los procesos iniciados tras la crisis política de 2019. Entretanto, la defensa evalúa los próximos pasos legales, incluyendo demandas por reparación de daños y procesos contra los responsables de su encarcelamiento.
Vía: El Deber