El investigador y analista energético de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, advirtió que el panorama energético de Bolivia atraviesa una etapa crítica y compleja. Según explicó, para revertir la caída en la producción de gas natural y evitar la importación sería necesario descubrir al menos tres megacampos, lo cual considera prácticamente imposible en el corto plazo.
A su criterio, el país ya vive una crisis energética reflejada en la escasez de combustibles que obliga a los ciudadanos a esperar largas horas para abastecerse de gasolina y diésel.
Velásquez detalló que el desafío inmediato para el próximo gobierno será garantizar el suministro de combustibles desde el primer día de gestión, lo cual demanda contar con divisas para sostener la creciente importación.
Recordó que Bolivia importa nueve de cada diez litros de diésel y seis de cada diez litros de gasolina consumidos en el mercado interno, a precios internacionales, lo que hace insostenible el esquema de subvenciones vigente.
En cuanto a las soluciones de largo plazo, el especialista sostuvo que es urgente una nueva Ley de Hidrocarburos que incentive la exploración, especialmente en petróleo, ya que el precio fijo del barril en Bolivia (27,11 dólares desde hace una década) ha desincentivado la llegada de inversiones.
Esta falta de exploración, dijo, es una de las causas principales del déficit de diésel. A ello se suma la caída del 53% en la producción de gas natural, lo que anticipa que desde 2027 Bolivia dejará de exportar gas y, para 2028, incluso deberá importarlo.
El analista alertó que esta situación significará una pérdida de aproximadamente 100 millones de dólares mensuales en ingresos por exportación y, a partir de 2028, un gasto de entre 100 y 150 millones de dólares mensuales para importar gas natural. Además, advirtió que las condiciones de importación serían complejas y costosas, con precios de entre 9 y 14 dólares el millón de BTU, frente a los 1,30 dólares a los que actualmente se comercializa en Bolivia.
Por ello, Velásquez insistió en que los candidatos presidenciales deben preparar a la población para un escenario difícil y no generar falsas expectativas sobre una solución rápida.