La Gobernación de Tarija enfrenta serias limitaciones financieras para cubrir la totalidad del Programa Solidario Comunal (PROSOL), cuyo presupuesto anual asciende a 32 millones de bolivianos. El gobernador Oscar Montes Barzón informó que los ingresos reales del Gobierno Departamental apenas llegan a 10 millones mensuales, de los cuales una parte significativa ya está comprometida para el pago de fideicomisos, salarios y pasivos acumulados.
Hasta la fecha se han desembolsado solo 7 millones y se intentará asignar otros 7 millones antes de fin de año, aunque las restricciones presupuestarias lo dificultan.
Montes señaló que la gobernación ha financiado en solitario el PROSOL durante los últimos años, pese a que la normativa establece que el programa debería contar también con aportes del nivel nacional y municipal. Sin embargo, entidades como el Fondo Indígena, el Ministerio de Desarrollo Económico y Rural y los gobiernos municipales no han realizado contribuciones, lo que ha dejado toda la carga económica sobre la administración departamental.
El gobernador también explicó que la gobernación arrastra compromisos legales y financieros superiores a los 460 millones de bolivianos, situación que complica aún más la posibilidad de atender todas las demandas sociales. Pidió comprensión a los sectores beneficiarios, asegurando que la institución hace esfuerzos para cumplir con el PROSOL pese a la escasez de recursos.
Mientras tanto, la Federación de Campesinos de Tarija elevó el tono de su postura. Según su dirigente, Herbert Quispe, en una reunión sostenida con el gobernador se exigió que se cumpla el 100% del desembolso del PROSOL 2025 antes del 31 de diciembre, señalando que lo desembolsado hasta ahora —apenas 7 millones— representa un nivel de ejecución muy bajo para esta etapa del año.
La dirigencia campesina informó que el gobernador fue invitado al ampliado departamental del 21 de noviembre, instancia en la que deberá presentar un informe detallado sobre los avances y compromisos. Quispe recordó que el sector ha sido paciente durante la gestión, pese a la demora constante en los pagos comprometidos, pero advirtió que esta vez esperan resultados concretos.
El dirigente remarcó que el PROSOL es un derecho conquistado por las comunidades rurales y que su cumplimiento constituye una obligación legal para la gobernación. En ese sentido, pidió demostrar voluntad política y capacidad de gestión para garantizar que los recursos lleguen efectivamente a las familias beneficiarias.
Finalmente, la Federación de Campesinos advirtió que, si no se cumple con el desembolso total, el ampliado del 21 de noviembre definirá las medidas que correspondan. “Hemos sido claros con el gobernador: se debe cumplir con el 100% del presupuesto antes de fin de año”, sentenció Quispe, anticipando un escenario de alta conflictividad si no se atienden las demandas del sector.