Caso Senkata: Justicia ratifica que Áñez solo puede ser juzgada mediante juicio de responsabilidades

La Sala Penal Tercera de La Paz confirmó este martes la anulación de obrados en el proceso ordinario por el caso Senkata y dispuso que los antecedentes sean remitidos a la Fiscalía General del Estado (FGE). Esta instancia será la encargada de tramitar un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El vocal Isaías Jorge Vargas Chambi, en audiencia pública, dio lectura a la resolución que respalda la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General del Estado, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno y el SEPDAVI. Con ello, se ratificó la resolución emitida el 25 de agosto por el Tribunal de Sentencia Primero en lo Penal.

El juez David Kasa, en aquella oportunidad, aceptó la excepción de incompetencia planteada por la defensa de Áñez, bajo el argumento de que, por su condición de expresidenta, solo puede ser procesada mediante un juicio de responsabilidades y no en la vía ordinaria. La Sala Penal coincidió con esa interpretación jurídica.

Asimismo, el fallo establece que las medidas cautelares dispuestas en el proceso ordinario deberán ser revisadas. Las víctimas que deseen impulsar el caso tendrán que acudir a la Fiscalía General para presentar la proposición acusatoria correspondiente y así continuar con el trámite.

Con esta determinación, se sella la vía procesal que deberá seguir el caso Senkata, ocurrido en noviembre de 2019, cuando operativos militares y policiales dejaron más de una veintena de fallecidos en El Alto durante el gobierno transitorio de Áñez. El camino legal dependerá ahora de la Asamblea Legislativa, que deberá autorizar o no el inicio del juicio de responsabilidades.

La decisión judicial también marca un precedente en torno a la competencia de los tribunales ordinarios frente a exmandatarios, reforzando la figura constitucional del juicio de responsabilidades. El futuro del proceso, por tanto, queda en manos de la Fiscalía y del Legislativo, que tendrán la última palabra en la eventual apertura del juicio contra la exmandataria.

Vía: Red UNO

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