La Unión Europea se prepara para introducir modificaciones puntuales a su Ley de Inteligencia Artificial, una de las normativas tecnológicas más ambiciosas del mundo. La comisaria europea de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, adelantó en el Web Summit de Lisboa que la Comisión presentará la próxima semana un paquete de ajustes destinado a ofrecer mayor seguridad jurídica a las empresas del sector.
La Ley de IA, que regula el desarrollo y uso de sistemas en función del riesgo que representan para la sociedad, ha recibido críticas persistentes desde su aprobación. Grandes compañías tecnológicas y la administración estadounidense de Donald Trump sostienen que estas reglas frenan la innovación y dificultan la competitividad global, lo que ha llevado a Bruselas a reconsiderar algunos de sus plazos y procedimientos.
Virkkunen reconoció que la próxima fase de implementación, prevista para agosto de 2025, enfrenta desafíos importantes debido a la falta de normas técnicas que deberían estar listas con un año de antelación. La comisaria señaló que la prioridad inmediata es generar claridad regulatoria para la industria, incluso mientras continúan afinando los criterios técnicos necesarios para aplicar la ley en su totalidad.
Aunque los ajustes se presentarán el 19 de noviembre, todavía requieren la aprobación del Colegio de Comisarios. Virkkunen evitó revelar si incluirán pausas formales en algunas obligaciones, pero aseguró que la Comisión mantiene un compromiso firme con los principios fundamentales de la normativa, cuyo objetivo es proteger derechos y garantizar un desarrollo ético de la inteligencia artificial.
El paquete de simplificación digital, conocido como “ómnibus digital”, también abarcará cambios en las políticas de datos y en las normas de ciberseguridad. Su intención es aliviar la carga administrativa de las empresas y reducir la burocracia que, según los actores del sector, dificulta la innovación tecnológica dentro del bloque.
Los borradores filtrados sugieren que podría crearse un periodo de gracia de un año, con multas aplicables recién desde agosto de 2027. La idea surge después de que más de 40 líderes empresariales europeos solicitaran un “parón de dos años” en la ley, argumentando la necesidad de más tiempo para adecuarse a las nuevas exigencias. Pese a ello, Bruselas insiste en que no está cediendo a presiones externas.
Expertos en derechos humanos han expresado preocupación por estos posibles cambios. Michael O’Flaherty, comisario del Consejo de Europa, advirtió que la simplificación no debe debilitar las protecciones fundamentales. Alertó que flexibilizar la normativa por presión del lobby tecnológico podría aumentar los riesgos para los ciudadanos y comprometer los estándares de seguridad que busca garantizar la Ley de IA.
