La asambleísta departamental Romina Salazar cuestionó duramente al gobernador Óscar Montes, a quien acusó de mantener una “narrativa permanente de víctima” al asegurar reiteradamente que la Gobernación no cuenta con recursos.
Salazar afirmó que Montes insiste en hablar de una supuesta retención de 6 millones de bolivianos por un “proyecto fantasma”, pero sin presentar documentación oficial que lo respalde.
Aseguró que, si existía contrato, planillas y cierre de obra, un juez no habría ordenado un pago sin antes verificar físicamente la existencia del proyecto.
Según la legisladora, el gobernador utiliza el argumento de la crisis económica desde el inicio de su gestión, pero recién este año —tras tres años de administración— tomó medidas de austeridad como dejar inmuebles que generaban altos gastos. Criticó que Montes pretenda responsabilizar a factores externos por la falta de recursos cuando, a su criterio, no ha demostrado una gestión eficiente.
En respuesta, el vocero de la Gobernación, Carlos Baldivieso, lamentó lo que calificó como declaraciones políticas de la asambleísta y sostuvo que Salazar “en cinco años no ha comprendido cómo funciona la gestión pública”.
Afirmó que la falta de recursos es real y que la institución está enfrentando retenciones impuestas por el Gobierno nacional debido a deudas heredadas de gestiones anteriores, particularmente de la administración de Lino Condori.
Baldivieso explicó que estas retenciones afectan directamente la capacidad de pago, adelantando que incluso funcionarios de salud y de la Asamblea Legislativa Departamental no podrán cobrar los sueldos correspondientes a noviembre. Reiteró que los problemas financieros responden a errores de administraciones previas y no a decisiones de la actual gestión.
Además, el vocero cuestionó la capacidad técnica de Salazar, asegurando que su “falta de comprensión” y “ignorancia” respecto al funcionamiento del sector público la llevan a cometer “papelones” y a brindar información incorrecta a la población.
Según Baldivieso, el compromiso del gobernador es garantizar los programas esenciales pese a las dificultades financieras actuales.
La confrontación se produce en un contexto de creciente tensión entre la Asamblea y la Gobernación, marcado por acusaciones cruzadas sobre responsabilidades administrativas y la situación económica del departamento.
