El presidente del Distrito de Juntas Escolares, Franklin Arancibia, llamó a la reflexión a un grupo de padres de familia que, pese a no haber acompañado el proceso educativo de sus hijos durante la gestión, ahora buscan movilizarse o incluso entrar en huelga de hambre para evitar que estos pierdan el año escolar.
Según explicó, la mayoría de estos casos se registra en el nivel de promoción, donde algunos padres intentan presionar para que sus hijos sean aprobados pese a haber reprobado en los primeros trimestres.
Arancibia señaló que se trata de un sector minoritario de padres y madres que no realizaron el seguimiento adecuado a lo largo de los 200 días calendario y los tres trimestres de trabajo académico.
Recordó que el sistema educativo brinda suficientes instancias —10 meses completos— para conocer el desempeño de los estudiantes, y calificó como “inaudito” que se pretenda resolver en el último trimestre una situación de reprobación acumulada desde principios de año.
El dirigente subrayó que la responsabilidad recae principalmente en los propios estudiantes y en los padres que no asistieron a las reuniones pedagógicas convocadas por los docentes.
Señaló que los profesores destinan una hora gratuita para informar sobre la situación académica de cada alumno, sin embargo, apenas un 1% de los padres asiste a estas citas. “A último momento queremos solucionar problemas que han tenido más de 200 días para atender”, lamentó.
Arancibia también remarcó que, ante cualquier denuncia o caso de reprobación, los directores deben actuar conforme a la Resolución Ministerial 162, que establece los procedimientos y responsabilidades.
En ese marco, los docentes deben presentar informes respaldados en evidencias claras que justifiquen si un estudiante aprobó o reprobó, ya que cada profesor es responsable de su materia y de los criterios aplicados.
El dirigente rechazó que esta situación pueda derivar en procesos administrativos o disciplinarios contra los docentes, siempre que exista la documentación que respalde su trabajo.
Finalmente, se afirmó que las normas son claras y que el seguimiento escolar debe ser una corresponsabilidad entre padres, estudiantes y maestros, no un conflicto que se pretenda zanjar con presiones de última hora.
