La diputada nacional Esther Sánchez Gareca denunció ante el Viceministerio de Transparencia la existencia de tráfico de tierras en Tarija, involucrando a un consorcio integrado por la DOT, el INRA y algunos abogados, así como exfuncionarios y notarios.
Según Sánchez, las denuncias ya fueron admitidas por la autoridad, y ahora se está ampliando la recolección de pruebas, incluyendo videos y audios que evidenciarían presuntos favorecimientos y negociados irregulares a familias específicas.
La legisladora señaló que los casos abarcan diversos sectores de la ciudad, incluyendo la Terminal, San Jorge, Villa Olímpica, San Blas, 26 de Agosto, Aranjuez y la doble avenida Luis Espinal, donde se han producido desalojos o irregularidades relacionadas con la administración de tierras.
Según Sánchez, estas situaciones afectan a múltiples víctimas, ya que el tráfico de tierras mueve millones de bolivianos, superando incluso los montos asociados al narcotráfico.
Sánchez denunció que la maniobra habría involucrado una coordinación entre la DOT, Derechos Reales y el INRA, con la participación de abogados y notarios que habrían favorecido intereses particulares, generando un perjuicio directo a la población.
Además, indicó que las víctimas han sido amenazadas y presionadas, y que incluso ella misma ha recibido amenazas de muerte por investigar estos casos.
La diputada resaltó que se trata de un problema estructural y de larga data en Tarija, que no se limita a hechos recientes, y que ahora está siendo visibilizado a través de las denuncias formales ante el Viceministerio de Transparencia.
Finalmente, Sánchez enfatizó que la investigación continuará, con la finalidad de garantizar que la DOT y demás instituciones involucradas respondan ante la población, y aseguró que las denuncias representan solo una parte de un fenómeno mucho más amplio que afecta a la ciudad.
