El sector arrocero del país volvió a denunciar serias irregularidades en la gestión de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). Representantes señalaron que existen retrasos de hasta seis meses en los pagos a los productores que entregaron su grano a la estatal, lo que genera un grave perjuicio económico y pone en riesgo la próxima campaña agrícola.
La polémica surge luego de que el exgerente de Emapa, Franklin Flores, fuera acusado por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito. En este contexto, los productores exigen que se continúe investigando el manejo de la empresa y que se garantice el cumplimiento de los compromisos asumidos.
Ana Isabel Ortiz, exgerente de la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (Fenca), afirmó que muchos productores tuvieron que movilizarse y ejercer presión para recibir parte de los pagos, aunque aún hay agricultores que siguen impagos.
“Estamos hablando prácticamente de unos seis meses de atraso. El productor confió en Emapa, pero no le cumplieron, y eso trajo serios problemas para volver a sembrar”, señaló en declaraciones al programa Que No Me Pierda.
La dirigente también denunció que Emapa priorizó la compra de arroz importado de dudosa procedencia, el cual no pudo ser comercializado y representó un riesgo para la salud de la población, en lugar de adquirir el producto de las cooperativas nacionales que tenían stock disponible.
Según cifras del sector, alrededor de 1.000 productores entregaron su grano a Emapa, pero apenas un 70% logró recuperar su inversión, y en muchos casos con serias dificultades. El restante 30% continúa esperando los desembolsos correspondientes.
Los agricultores advierten que la falta de liquidez y la incertidumbre sobre los pagos comprometen directamente la próxima campaña de siembra, pues no cuentan con los recursos necesarios para adquirir insumos ni cubrir costos de producción.
En este marco, el sector exige al Gobierno y a las autoridades competentes que intervengan de manera urgente, no solo para garantizar el pago de las deudas pendientes, sino también para transparentar la administración de la estatal y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
Vía: Red UNO