El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un toque de queda nocturno en cinco provincias andinas tras la creciente ola de protestas contra la eliminación del subsidio al diésel. La medida rige en Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Bolívar y Chimborazo, donde en los últimos días se han registrado bloqueos de carreteras y manifestaciones lideradas por sectores indígenas y campesinos.
El decreto ejecutivo establece que la restricción se aplicará entre las 22:00 y las 05:00, tiempo en el cual las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están autorizadas a detener a quienes circulen sin permiso.
Además, se faculta a los uniformados a intervenir en reuniones y manifestaciones que representen una amenaza para la seguridad ciudadana.
La disposición responde a la convocatoria de un paro nacional indefinido anunciada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que rechaza el incremento del precio del diésel de 1,80 a 2,80 dólares por galón. Su presidente, Leonidas Iza, advirtió que las movilizaciones continuarán “hasta que se restituyan los subsidios”.
El Ejecutivo justificó la medida señalando que los bloqueos han afectado la libre circulación, el comercio y las actividades sociales de las provincias bajo conflicto. “El propósito del toque de queda es evitar la obstrucción de vías y salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos”, señala el decreto firmado por Noboa.
El estado de excepción, que ya regía en otras provincias, fue ampliado a Chimborazo y estará vigente por 60 días. Con ello, se mantienen restricciones al derecho de reunión y se refuerza la acción coordinada entre militares y policías para contener las protestas. Hasta ahora, se han reportado varios arrestos, aunque sin enfrentamientos de gran magnitud.
La medida se da en un contexto de fuerte tensión social y política. Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre posibles excesos en el uso de la fuerza, mientras organismos internacionales con presencia en Quito advierten que la crisis podría impactar la estabilidad democrática y la economía ecuatoriana si no se abre un canal de diálogo entre el gobierno y los dirigentes indígenas.
Vía: Infobae