La delegada Defensorial en Tarija, Cecilia Bolívar, advirtió que la población carcelaria en Bolivia sigue en aumento, alcanzando aproximadamente 32.000 personas privadas de libertad, frente a 28.000 en diciembre de 2024.
Más del 58% de los reclusos se encuentran en detención preventiva, cifra que se eleva al 65% en mujeres y al 75% en jóvenes de entre 18 y 28 años, lo que genera preocupación por el respeto a los derechos humanos y el debido proceso.
Bolívar señaló que uno de los principales problemas es el uso excesivo de la detención preventiva, asociado a un “populismo penal” que no siempre se fundamenta en riesgos procesales comprobados.
Además, indicó que la falta de celebración de audiencias y la ausencia de medidas alternativas efectivas, como las manillas electrónicas, agravan la situación de hacinamiento y retrasan la administración de justicia.
La autoridad defensorial destacó la necesidad urgente de que la Asamblea Legislativa apruebe la ley y el reglamento de manillas electrónicas, lo que permitiría beneficiar a quienes pueden cumplir detenciones domiciliarias, liberando espacio en las cárceles y optimizando la presencia de efectivos policiales en la seguridad pública.
Asimismo, enfatizó que la defensa técnica y el Ministerio Público deben cumplir con plazos adecuados para garantizar el derecho a un proceso rápido y eficiente.
Bolívar indicó que con las jornadas de descongestionamiento judicial iniciadas recientemente se busca atender principalmente los casos de detención preventiva y favorecer la libertad condicional de quienes cumplan los requisitos.