La directora de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Tarija, Giovanna Delfín, informó que este jueves se realizará una reunión conjunta entre la Gobernación, la Policía, el régimen penitenciario y la delegada defensorial para analizar la problemática del hacinamiento en los centros penitenciarios del departamento, con especial atención a la carceleta de Entre Ríos, donde se registran más de 31 privados de libertad en espacios de apenas 3×3 metros, y en Bermejo, donde hay más de 60 personas en ambientes reducidos.
Delfín señaló que esta situación representa un problema latente y complejo, acentuado por la falta de recursos económicos de la Gobernación para implementar soluciones efectivas. La funcionaria explicó que la carceleta de Entre Ríos, conocida como un “elefante blanco”, superó los 10 millones de bolivianos en su construcción, pero carece de criterios técnicos adecuados para su funcionamiento.
Además, la directora destacó el impacto financiero que generan los denominados “prediarios”, cuyo costo diario de 8 bolivianos por persona consume gran parte del presupuesto destinado a seguridad ciudadana. A pesar de esta carga, la Gobernación ha cumplido con el pago de estos montos y los servicios básicos de los centros penitenciarios.
Delfín subrayó que la Gobernación mantiene la disposición de buscar soluciones, trabajando coordinadamente con Obras Públicas y la Dirección de Seguridad Ciudadana, aunque reconoció que los aspectos técnicos y económicos limitan la capacidad de acción inmediata.
Finalmente, la autoridad recordó que esta competencia de financiar a los privados de libertad fue transferida desde el nivel central a los departamentos, y que el gobernador Oscar Montes ha manifestado, junto a otros gobernadores, la solicitud de devolver esta obligación al Gobierno nacional para asegurar su correcta gestión y alivianar la carga presupuestaria departamental.
