Una fuerte preocupación se ha desatado en el municipio de Caraparí tras el sorpresivo despido de 12 trabajadores del Centro de Salud Integral Virgen de Guadalupe, entre ellos médicos, bioquímicos y enfermeras con hasta 20 años de antigüedad. Diversas organizaciones cívicas y sociales han rechazado la decisión instruida por el Servicio Departamental de Salud (Sedes), advirtiendo que la reducción del personal afecta gravemente servicios esenciales como internación, laboratorio y atención de emergencias.
Los memorándums de despido fueron entregados de manera abrupta y fuera del horario laboral, lo que ha sido calificado como una vulneración a los derechos de los trabajadores. Afectados como la médico Carmen Higuera denunciaron que no hubo notificación previa ni explicación clara sobre el criterio de selección, lo que ha generado un profundo malestar en el personal, que durante años brindó atención en zonas rurales y urbanas del municipio.
El argumento del recorte presupuestario no convence a los afectados ni a los dirigentes locales, ya que la medida solo ha sido aplicada en Caraparí, mientras que otros municipios como Yacuiba y Villa Montes, que también enfrentan crisis, no han reducido personal médico. La situación llevó a una declaración de estado de emergencia por parte de organizaciones sociales, que exigen la anulación de los despidos y una explicación oficial por parte del Sedes y el Gobierno Regional.
La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), junto a otras entidades como las OTB y asociaciones de personas con discapacidad, ha exigido informes claros sobre el proceso de despido. A través de un voto resolutivo, demandan el respeto a los derechos laborales y alertan sobre posibles movilizaciones si no se revierte la medida.
Finalmente, desde la dirigencia cívica se cuestiona que el Sedes haya procedido con despidos en lugar de cumplir la instrucción del gobernador Oscar Montes, quien había ordenado gestionar la migración de ítems a otras fuentes de financiamiento. Angelo Veliz, presidente de la Fejuve, insistió en que la medida debilita aún más un sistema de salud ya precarizado, y aseguró el respaldo total de los vecinos a cualquier acción de protesta por parte del personal médico.
Vía: El País, Tarija