Las empresas estatales deficitarias de Bolivia acumulan una deuda superior a los 7.000 millones de bolivianos con el Banco Central de Bolivia (BCB), según denunció el diputado José Luis Porcel Marquina, quien cuestionó la sostenibilidad de estas entidades por su bajo rendimiento económico.
El legislador afirmó que estos recursos fueron destinados a compañías que no generan utilidades ni retorno, lo que —a su criterio— refleja una administración ineficiente de los fondos públicos en un país con limitaciones económicas.
Porcel calificó la cifra como “excesiva” y advirtió que continuar financiando estas empresas implicaría profundizar problemas estructurales como la burocracia y el gasto improductivo, en lugar de destinar recursos a la generación de empleo.
En su análisis, atribuyó el origen de esta situación a la creación de empresas estatales durante anteriores gestiones sin una planificación adecuada ni estudios técnicos sólidos que garanticen su viabilidad.
Como ejemplo, mencionó la planta azucarera de San Buenaventura, en el departamento de La Paz, señalando que su instalación respondió a decisiones erradas, debido a que la región no cuenta con condiciones óptimas para la producción de caña.
Asimismo, citó el caso de la planta de cítricos en Bermejo, que permanece paralizada por la falta de producción suficiente, evidenciando —según dijo— fallas en la planificación productiva estatal.
El diputado también cuestionó la falta de un presupuesto general actualizado, lo que genera incertidumbre sobre el rumbo económico del país y limita la posibilidad de evaluar con precisión las políticas públicas.
Indicó que, a siete meses de gestión gubernamental, la ausencia de un nuevo presupuesto deja sin claridad temas clave como el incremento salarial, la inversión pública y el apoyo a entidades subnacionales.
En ese contexto, se estima que el presupuesto nacional podría rondar los 400 mil millones de bolivianos, aunque Porcel considera que debería ser menor, en línea con los anuncios de austeridad del Gobierno.
Finalmente, el legislador sostuvo que el nuevo presupuesto debe priorizar la inversión en sectores estratégicos como salud, educación y empleo, marcando un giro hacia una gestión más eficiente y orientada al desarrollo económico sostenible.