El legislador departamental, Marco Gutiérrez, adelantó que el proyecto será tratado en la sesión del pleno de este viernes. Criticó que la propuesta pretenda que la Asamblea envíe su POA directamente al Ministerio de Economía y busca que la norma sea debatida sin «caprichos» ni consignas políticas.
El debate por la redistribución y el control de los recursos económicos al interior del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija sumará este viernes un capítulo decisivo en el seno legislativo. El asambleísta departamental, Marco Gutiérrez, confirmó que el pleno de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) fue convocado para tratar el proyecto de la Ley de Régimen Autonómico Financiero. Sin embargo, la autoridad anticipó una postura sumamente crítica y técnica frente a la propuesta, advirtiendo que, tal como está redactada, incurre en serios errores conceptuales y legales que podrían derivar en recursos de inconstitucionalidad.
La principal observación de fondo radica en la pretendida «independencia económica» que los proyectistas buscan otorgar al órgano deliberante para romper la dependencia de los desembolsos del Ejecutivo central de la Gobernación.
"Es muy difícil y creo que no es viable que la Asamblea Departamental pretenda establecer una relación directa con el Ministerio de Economía. El proyecto de ley plantea que nuestro POA se envíe directamente desde la Asamblea al Ministerio, pero eso no corresponde legalmente. La Asamblea no es una entidad autónoma por sí sola; es un órgano que forma parte de una entidad mayor, que es el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija. Hay observaciones de fondo y constitucionales que se deben debatir". — Marco Gutiérrez, Asambleísta Departamental.
Alerta por concentración de poder en la Presidencia de la ALDT
Gutiérrez detalló que el análisis minucioso de la propuesta legal desnudó un intento de centralización de facultades presupuestarias en la cabeza del legislativo. Según el texto propuesto, el presidente de la ALDT tendría la potestad exclusiva de elaborar y aprobar el presupuesto institucional, una figura que el asambleísta calificó de errónea y desproporcionada.
El legislador recordó las bases institucionales del ente deliberante:
- Poder del pleno: Ni el presidente ni la directiva en funciones constituyen la máxima autoridad de la Asamblea; esa prerrogativa le corresponde por ley de forma exclusiva al pleno de los 30 asambleístas departamentales.
- Confusión de la MAE: El proyecto busca catalogar al presidente del legislativo como una Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) independiente, obviando que la legislación vigente determina que la única MAE del Gobierno Departamental es la Gobernadora.
- Riesgo de impugnación: De aprobarse los artículos observados sin modificaciones estructurales, la ley nacería muerta al ser pasible de impugnaciones ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Convocatoria a un debate con argumentos y sin caprichos
Pese a sus severas observaciones, Gutiérrez aclaró que no existe una oposición sistemática a que las instituciones optimicen su funcionamiento o alcancen una mayor eficiencia en su administración interna. Aseguró que si los proyectistas muestran apertura para modificar los artículos conflictivos y adecuar la ley a la normativa nacional vigente, su bancada apoyará la normativa para dotar de mejores herramientas de gestión a la ALDT.
Sin embargo, el asambleísta lanzó una advertencia tajante a los promotores de la ley de cara a la sesión plenaria de este viernes, exigiendo que dejen de lado las posturas cerradas o de beneficio partidario: «Si vamos a discutir el proyecto de ley, que sea en base a argumentos técnicos y no en la dinámica del capricho. Si persisten caprichosamente con posiciones de consigna, nos reservaremos el derecho de rechazar los artículos observados».