El Vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental (TED), Marco Aguirre, informó que la convocatoria a elecciones subnacionales depende de la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la cual debe emitir la base legal que permita al órgano electoral programar el calendario y garantizar que los procesos se realicen de manera transparente.
Aguirre recordó que, según la ley 026, los mandatos fijos requieren una resolución de sala plena con 120 días de anticipación, pero que esta normativa puede ser modificada mediante una ley de excepción por el Legislativo.
Aguirre señaló que, de los nueve departamentos de Bolivia, solo cuatro cuentan con estatutos claros sobre la elección de asambleístas por población y territorio. En los cinco restantes, la falta de una base legal definida impide establecer cómo se elegirán los representantes, lo que hace imprescindible que la Asamblea emita la normativa correspondiente durante noviembre para que el TED pueda fijar fechas y convocar formalmente a elecciones.
Según el cronograma proyectado, si la ley se aprueba este mes, la convocatoria podría emitirse antes de fines de noviembre, permitiendo que los comicios se realicen entre marzo y abril, y que la entrega de credenciales a autoridades electas se concrete en mayo. Aguirre indicó que este calendario contempla también la posibilidad de una segunda vuelta electoral en abril, siguiendo los plazos de ley.
El titular del TED también se refirió a las agrupaciones políticas que buscan habilitarse en Tarija. Explicó que actualmente hay cuatro o cinco organizaciones tramitando su personalidad jurídica, pero advirtió que solo podrán participar en las elecciones si logran cumplir los requisitos y obtener la resolución antes de la convocatoria oficial. Las que no cumplan los plazos quedarían fuera del proceso por preclusión.
Finalmente, Aguirre destacó que el cumplimiento de estos plazos y la aprobación de la ley nacional son esenciales para garantizar que el proceso electoral subnacional sea transparente, ordenado y respetuoso de la normativa vigente, asegurando la participación de todas las organizaciones habilitadas a tiempo.