El presidente del Comité Cívico de Tarija, Jesús Gira, informó que en la asamblea de instituciones realizada la noche del lunes, convocada para la defensa de la Reserva Natural de Tariquía, se determinó gestionar la presencia de autoridades del Gobierno nacional en Tarija con el objetivo de que expliquen de manera directa la situación real de la zona protegida y los trabajos hidrocarburíferos en curso.

Gira expresó su rechazo y condena a los actos de violencia registrados ayer y hoy, cuando efectivos policiales retiraron por la fuerza a los comunarios que mantenían bloqueos en el acceso a la reserva, permitiendo el ingreso de empresas petroleras. Señaló que este tipo de acciones vulneran la cultura de paz y contradicen el mandato constitucional que protege a Tariquía como reserva de flora y fauna.
El dirigente cívico manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el actual gobierno esté actuando de manera similar al anterior, motivo por el cual consideró imprescindible contar con información oficial, clara y técnica. En ese marco, indicó que se busca un diálogo directo con los comunarios, así como la presencia de autoridades nacionales para aclarar las decisiones asumidas.
Entre las conclusiones de la asamblea, se conformaron comisiones de trabajo dentro del movimiento cívico para realizar las gestiones correspondientes y cursar invitaciones formales al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a fin de que exponga la información técnica sobre los proyectos en la zona, particularmente el pozo Domo Oso X-3, y el procedimiento seguido para la obtención de la licencia ambiental.
Finalmente, Gira señaló que también se está gestionando la presencia del ministro de Hidrocarburos e incluso del Presidente del Estado, con el objetivo de transparentar una información que —según afirmó— fue ocultada por más de 20 años a la población tarijeña. Remarcó que la sociedad exige saber con certeza si los trabajos se realizan dentro de la reserva, considerando que la ley ambiental y la Constitución prohíben actividades extractivas en áreas protegidas.
