El presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) regional Tarija, Benito Quispe, advirtió que la situación de las empresas constructoras en el país es cada vez más complicada debido al incremento sostenido de los precios de los materiales de construcción.
Señaló que en muchos casos los costos se han elevado entre un 40 y 50%, e incluso en algunos insumos alcanzaron un 100%, lo que coloca a las empresas en una posición crítica para cumplir con los contratos firmados.
En ese marco, hizo un llamado al próximo gobierno para establecer un mecanismo jurídico que permita la actualización de precios y así evitar que las pocas obras en ejecución terminen paralizadas.
Quispe explicó que, si no se logra una actualización de los precios, muchas empresas corren el riesgo de agotar sus ahorros únicamente para cumplir con los contratos y evitar sanciones.
El ingeniero recordó que la resolución de contratos por incumplimiento implica la ejecución de garantías, además de inhabilitar a las compañías para presentarse a futuras licitaciones por varios años, lo que agravaría aún más la crisis del sector. Subrayó que esta realidad amenaza con la quiebra de varias firmas que hoy apenas sobreviven.
El dirigente de la SIB reconoció que existe un decreto vigente que habilita la actualización de costos, pero aclaró que solo se aplica a materiales importados, lo cual considera insuficiente porque los incrementos también afectan a insumos locales y nacionales. Además, dicho mecanismo depende de la disponibilidad de recursos, lo que en la práctica limita aún más su efectividad.
En ese sentido, la medida es parcial y poco útil frente a la magnitud del problema, ya que no ofrece una solución integral a las empresas que enfrentan sobrecostos generalizados.
Quispe se refirió al panorama de la inversión pública, señalando que en Tarija es mínima en comparación con gestiones anteriores y que los gobiernos municipales apenas ejecutan pequeñas obras.
Finalmente, a nivel nacional, comentó que departamentos como Potosí reciben mayores recursos gracias a las regalías mineras, lo que les permite sostener más proyectos de infraestructura.
En contraste, la falta de ingresos en Tarija y en otras regiones limita la generación de empleo y el movimiento económico del rubro de la construcción, generando un escenario de incertidumbre para el futuro inmediato.