El analista económico Fernando Romero cuestionó el proyecto de ley que busca el diferimiento del pago de créditos a entidades bancarias, asegurando que no es una medida responsable para la economía nacional, especialmente en un contexto de crisis.
Romero explicó que las entidades financieras captan recursos del público mediante depósitos y el cobro de intereses y capital, los cuales luego se utilizan como capital de operación e inversión en otros sectores económicos.
Interrumpir este flujo, advirtió, sería como “poner una liga en el brazo y cortar la circulación de sangre”, afectando seriamente el funcionamiento del sistema financiero.
Romero señaló que la medida afectaría alrededor del 45% de la cartera de créditos del país, incluyendo créditos de vivienda social, microcréditos y pequeños préstamos.
Detalló que el diferimiento general implicaría que durante seis meses no se pagarían ni capital ni intereses, ni seguros asociados, lo que podría impedir la captación de aproximadamente 2.000 millones de dólares en medio año.
Además, advirtió sobre vacíos legales, como la falta de claridad sobre quién sería responsable en caso de fallecimiento de un deudor durante el periodo de suspensión.
El economista reconoció que la iniciativa tiene un fin social, pero consideró que existen mecanismos más responsables y focalizados, como la reprogramación y refinanciamiento de créditos para quienes realmente se encuentran en dificultades económicas.
Romero enfatizó que aplicar la medida a todos los créditos, sin distinción, podría generar efectos muy negativos sobre la economía, especialmente en un momento que requiere inyección de capital y fortalecimiento de la inversión y el empleo.
Romero aseguró que la decisión de implementar esta medida debería ser analizada con mayor rigor técnico y económico, y dejarse en manos del nuevo gobierno.
Finalmente señaló que, de no hacerlo, la aplicación de la norma podría generar un impacto perjudicial a gran escala, afectando la circulación de recursos en el sistema financiero y comprometiendo la estabilidad económica del país en un contexto de crisis prolongada.