El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, solicitó a la Corte Constitucional levantar la suspensión del Decreto Legislativo 1390 de 2025, que declara la emergencia económica, ante el agravamiento de la crisis humanitaria en los departamentos caribeños de Córdoba y Sucre.
En una carta dirigida al alto tribunal, el mandatario argumentó que nuevos hechos de extrema gravedad obligan a restablecer el decreto, cuya suspensión —según el Gobierno— limita seriamente la capacidad de respuesta del Estado frente a una emergencia que ya ha dejado consecuencias humanas y materiales significativas.
De acuerdo con el Ejecutivo, la situación se intensificó en las últimas semanas, con al menos 14 personas fallecidas, más de 9.000 viviendas destruidas y cerca de 300.000 personas afectadas por inundaciones y daños estructurales en amplias zonas del Caribe colombiano.
El documento también detalla que más de 35.000 hectáreas productivas continúan bajo el agua, comprometiendo el sustento alimentario de miles de familias. El presidente advirtió que se trata de “una emergencia que ya está cobrando vidas” y cuya magnitud supera las previsiones iniciales.
El Gobierno atribuyó la gravedad del escenario a la llegada de un frente frío de origen ártico, acompañado de lluvias de intensidad inédita en la región. Según Petro, aunque existían riesgos asociados al cambio climático, el fenómeno actual no corresponde a un evento razonablemente previsible.
Asimismo, informes técnicos citados por el Ejecutivo anticipan la posible llegada de un nuevo frente frío, lo que podría agravar aún más la tragedia humanitaria si no se cuenta con todas las herramientas constitucionales para una respuesta inmediata.
Petro recalcó que, pese a la acción coordinada del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la suspensión del decreto restringe la capacidad institucional para actuar con rapidez y alcance suficientes ante la emergencia.
En la misiva, el presidente subrayó que la solicitud no responde a motivaciones políticas o ideológicas, sino a la urgencia de proteger vidas humanas y evitar daños irreparables. “No es un gesto político: es una decisión humana y constitucional”, afirmó.
El pronunciamiento presidencial se da mientras persisten las alertas climáticas en el Caribe colombiano, y ahora queda en manos de la Corte Constitucional definir si levanta la suspensión del decreto, en un contexto marcado por la presión social y la urgencia humanitaria.
Vía: Infobae