La dirigencia del sector calificó la propuesta de nacionalización como un intento desesperado del Gobierno por recaudar dinero, advirtiendo que «legalizar lo ilegal» generará un caos total. Denuncian que en provincias los vehículos sin placas ya hacen filas paralelas y consumen el carburante que escasea en el país.
El transporte organizado del departamento se ha declarado en estado de máxima alerta ante la posibilidad de que el Gobierno nacional impulse un nuevo proceso de regularización de vehículos que ingresaron de contrabando al país, conocidos popularmente como «autos chutos».
El ejecutivo del transporte sindicalizado de Tarija, Gabriel Pérez, junto a representantes del transporte pesado, expresaron su rechazo contundente a esta medida, advirtiendo que consolidar la norma representaría una competencia desleal destructiva para el sector legalmente establecido, el cual cumple rigurosos requisitos de importación y tributación aduanera.
Asimismo, alertaron que si el Estado actual no puede garantizar el abastecimiento normal de hidrocarburos, la incorporación masiva de estas unidades colapsará definitivamente el suministro energético.
Pérez cuestionó con dureza los argumentos económicos del nivel central, que presuntamente pretenden seducir a las regiones ofreciendo coparticipar la recaudación aduanera.
«Rechazamos contundentemente esta nacionalización. El Gobierno busca recursos económicos y dice que el 50% irá a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y el otro 50% a las alcaldías para que la población lo acepte, pero eso son mentiras con las que nos vienen engañando. El Estado tiene que buscar otros métodos para traer fondos al país y no dañar a un sector al que le ha costado muchísimo mejorar sus unidades. No podemos compartir la idea de legalizar lo ilegal; meter un millón y medio de autos chutos provocaría un caos total y nos haría retroceder años en el parque automotor». — Gabriel Pérez, Ejecutivo del Transporte Sindicalizado de Tarija.
Cargas ilegales «en las narices» de las autoridades en las provincias
Al factor de la desventaja comercial se suma la crítica realidad del racionamiento de diésel y gasolina en los surtidores. Para la dirigencia del autotransporte, resulta insostenible que el Gobierno central evalúe ampliar el padrón de beneficiarios de carburantes subvencionados cuando las estaciones de servicio actuales se encuentran desbordadas y con cupos limitados para los usuarios que pagan impuestos.
Por su parte, el representante del transporte pesado, Juan Carlos Borda, describió el panorama de descontrol que ya se vive en las rutas interdepartamentales y zonas provinciales vecinas:
- Saturación en provincias: Borda aseguró que en poblaciones intermedias como Camargo, Culpina o Belén, el parque automotor de contrabando ya supera visualmente al transporte legalmente registrado.
- Filas clandestinas exclusivas: El dirigente denunció que en estaciones de servicio de estas localidades los automóviles «chutos» operan con total impunidad. «Esos vehículos no andan con agua, andan con combustible y lo consiguen cargando en las narices de las autoridades. Incluso en zonas como Belén los autos sin placas tienen una fila aparte para abastecerse junto a los que sí cumplen la ley».
- Exigencia de corte radical: El transporte de carga pesada exigió que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) aplique un corte definitivo e inmediato a la provisión de carburantes a cualquier coche indocumentado antes de debatir reformas normativas.