El presidente Rodrigo Paz afirmó que en apenas 20 días de gestión su administración logró “borrar” lo que considera tres símbolos emblemáticos de la persecución política: el Ministerio de Justicia, los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el modelo anterior de la Procuraduría. Según el mandatario, estas estructuras respondían a intereses partidarios y no al servicio ciudadano.
Paz subrayó que el cierre del Ministerio de Justicia marcó el primer paso de este proceso. La decisión fue anunciada la semana pasada en medio de tensiones con el entonces ministro Freddy Vidovic y confirmada el lunes por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, quien adelantó que la eliminación se formalizará mediante decreto supremo.
El segundo movimiento —y el más significativo en el ámbito judicial— fue el cese de cinco magistrados del TCP que permanecían en funciones tras una cuestionada prórroga desde 2023. Una Sala Constitucional de Potosí ordenó su inmediata desvinculación y emitió órdenes de aprehensión contra Gonzalo Hurtado, René Espada, Julia Cornejo, Isidora Jiménez y Karem Gallardo.
El tercer cambio destacado por Paz fue la reconfiguración de la Procuraduría, tras la posesión de Hugo César León Lafaye como nuevo titular. El presidente afirmó que se abandona un “modelo dedicado a perseguir”, mientras el flamante procurador prometió que la institución “dejará de ser un instrumento de persecución política” para reenfocar su labor en la defensa del Estado de derecho.
Para Paz, estos tres hitos constituyen un avance decisivo hacia la modernización del sistema judicial y la recuperación institucional. Aseguró que las transformaciones buscan “poner las instituciones al servicio de la gente y no de un partido”, y anticipó que el TCP será reorganizado y fortalecido para garantizar una justicia independiente del poder político.
En paralelo, el vicepresidente Edmand Lara anunció que convocará a una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para definir cómo se cubrirán los cargos dejados por los magistrados cesados. Señaló que la ALP debe avanzar “si es posible esta semana” en la convocatoria a elecciones judiciales para llenar las vacantes generadas por el fallo de la justicia potosina.
Lara respaldó plenamente la salida de los magistrados prorrogados, asegurando que “ya era hora de que se vayan” y remarcando que “nadie puede estar por encima de la Constitución”. Según el vicepresidente, las resoluciones firmadas por los exmagistrados estaban fuera de su mandato y podrían constituir actos contrarios a la ley.
