La concejal municipal de Tarija, Raquel Ramos, informó que presentó una denuncia ante el Viceministerio de Transparencia contra el proyecto de Foto Multas impulsado por el municipio, la cual ya fue admitida.
Según explicó, este sistema de control vulnera la normativa vigente, las leyes municipales y la Constitución Política del Estado (CPE).
Ramos señaló que en su momento ya expuso sus observaciones al pleno del Concejo Municipal, solicitando la abrogación del contrato con la empresa encargada, pero su propuesta fue rechazada.
Ante esta negativa, decidió formalizar la denuncia ante el Ministerio de Transparencia, con copia a la Contraloría General del Estado y al Ejecutivo Municipal.
La concejal cuestionó que las multas impuestas ascienden a 300 bolivianos, monto que considera excesivo y perjudicial para la economía de los ciudadanos, especialmente de sectores como el transporte.
Además, advirtió que los recursos generados no benefician directamente al municipio, sino que van a parar a una empresa privada que, según ella, no cuenta con mecanismos claros de control ni supervisión.
Finalmente, Ramos enfatizó que este proyecto carece de legalidad porque no se coordinó con la Policía ni se elaboró una normativa específica que respalde las sanciones.
Reiteró su pedido al alcalde de Tarija para que cumpla con la ley y en lugar de mantener el sistema de Foto Multas, se promuevan políticas de educación vial y seguridad ciudadana que beneficien de manera directa al municipio y su población.