La representante del Ministerio de Defensa del Consumidor en Tarija, Silvia Palacios, informó sobre una serie de operativos de control de precios realizados en el municipio de Bermejo, donde se detectaron irregularidades y sobreprecios significativos en productos de la canasta básica, especialmente en carnes y pollo.
La autoridad señaló que estos controles se efectuaron en coordinación con la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) Departamental y la Intendencia Municipal, y que los resultados revelaron márgenes de ganancia injustificados por parte de algunos comerciantes.
Palacios explicó que, en el caso de la carne de cerdo, los productos procedentes de Santa Cruz llegan con un precio de 34 bolivianos por kilo gancho, pero se están vendiendo entre 44 y 45 bolivianos, generando una diferencia de hasta 11 bolivianos por kilo.
En cuanto al pollo, los proveedores entregan el kilo a 22 bolivianos, mientras que los puntos de venta lo ofrecen hasta en 28 bolivianos, lo que representa un incremento del 25% sobre el costo real. La funcionaria calificó esta práctica como un “sobreprecio enorme” e indicó que los responsables ya recibieron las sanciones correspondientes.
Asimismo, la representante del Ministerio destacó las diferencias notables en los precios de productos agrícolas, como la papa, que en Tarija cuesta entre 15 y 25 bolivianos la arroba, mientras que en Bermejo llega a venderse hasta en 40 bolivianos, pese a la cercanía de la zona fronteriza y a los menores costos de transporte.
También observó un aumento injustificado en el precio del aceite, que en Tarija se comercializa a 95 bolivianos, pero en Bermejo alcanza los 100 o 105 bolivianos.
Palacios informó que se dio un plazo de dos semanas para que los sectores involucrados —carniceros, comerciantes de pollo y vendedores de verduras— se reúnan con las autoridades locales y regularicen los precios.
Recalcó que las ganancias no deben superar el 20% del costo real del producto, y advirtió que, de persistir los abusos, el Ministerio aplicará medidas más drásticas para proteger el bolsillo de las familias bermejeñas.
