La diputada Luciana Campero, de Comunidad Ciudadana (CC), pidió revisar la Ley 348 de lucha contra la violencia hacia las mujeres, tras revelarse que un joven estuvo encarcelado durante nueve años en la cárcel de Morros Blancos por una denuncia falsa. La legisladora denunció un sistema judicial “podrido y terminal”, manipulado políticamente y carente de funcionarios idóneos en juzgados, fiscalías y la Policía.
Campero cuestionó que la Ley 348 permita que denuncias verbales sean consideradas como prueba suficiente para dictar sentencias, sin una adecuada verificación pericial. Consideró urgente una auditoría al caso y responsabilizó a los operadores de justicia que emitieron una sentencia sin investigar a fondo. Aseguró que impulsará acciones desde la Comisión de Justicia Plural para esclarecer el caso y sancionar a los responsables.
La diputada también planteó que los funcionarios judiciales involucrados en este tipo de errores deberían ser aprehendidos y procesados, y que el Estado debe resarcir a las víctimas de sentencias injustas. “Se arruinó la vida de una persona por culpa del sicariato judicial que opera en el país”, lamentó, exigiendo una reforma profunda de las normas que rigen el sistema de justicia penal.
Por su parte, el diputado Edwin Rosas coincidió con la necesidad de revisar la normativa, advirtiendo que la Ley 348, si bien fue útil en su momento, hoy no tiene filtros para evitar que personas inocentes sean encarceladas injustamente. Consideró aberrante que con solo una declaración se puedan dictar medidas privativas de libertad sin evidencias contundentes.
Rosas adelantó que trabaja en un proyecto de ley para establecer mecanismos de resarcimiento económico para las personas injustamente sentenciadas. “¿Quién le devuelve los nueve años perdidos a este joven?”, cuestionó, subrayando que el Estado debe asumir su responsabilidad frente a estos errores judiciales.
Ambos legisladores coincidieron en que se debe investigar a fondo a los jueces y fiscales involucrados en el caso, así como reformar el sistema judicial para evitar que hechos similares se repitan. El caso ha generado fuerte indignación pública y se suma a las crecientes críticas hacia el funcionamiento del aparato de justicia en Bolivia.
Vía: El Andaluz