La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz emitió una resolución que marca un precedente institucional al conceder tutela constitucional contra el vicepresidente del Estado Plurinacional, Edmand Lara Montaño, por el uso de redes sociales para difundir declaraciones que vulneraron derechos fundamentales.
El fallo favorece a Óscar Mario Justiniano Pinto y a su hermano Diego Justiniano Pinto, y ordena la eliminación de las publicaciones que contenían acusaciones en su contra, además de instruir que se oficie a las plataformas digitales para suprimir las cuentas desde donde se difundió el contenido cuestionado.
Durante la lectura de la resolución, la vocal Carla García remarcó la necesidad de responsabilidad en el uso de redes sociales, subrayando que el impacto de estas plataformas puede afectar gravemente la privacidad y la reputación de las personas, razón por la cual se concedió la tutela solicitada.
La Sala determinó que el vicepresidente se excedió en sus comentarios públicos, lo que derivó en la orden expresa de retirar los videos y mensajes en los que aludía de manera directa a los accionantes, al considerar que se vulneraron derechos protegidos constitucionalmente.
Asimismo, los jueces dejaron abierta la posibilidad de que los afectados recurran a otras instancias judiciales para reclamar eventuales daños morales o afectaciones a su honra, fuera del ámbito estrictamente constitucional.
El vocal Alaín Núñez fue enfático al señalar que las publicaciones dañaron la honra, reputación y dignidad de los accionantes, y añadió que este tipo de conductas desde altas autoridades del Estado no pueden normalizarse.
Como parte central de la resolución, el tribunal exhortó a la Vicepresidencia del Estado a implementar un protocolo formal para la emisión de información y declaraciones de sus funcionarios, con el fin de prevenir futuras vulneraciones de derechos fundamentales.
Esta recomendación fue extendida también a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la que se instó a viabilizar normas internas similares para regular las declaraciones públicas de sus integrantes y reducir riesgos de abusos desde el poder.
La acción de Protección a la Privacidad fue activada por el ministro Justiniano tras reiteradas acusaciones difundidas por el vicepresidente Lara en redes sociales, donde se atribuían presuntos delitos sin sustento judicial. La decisión judicial busca frenar estas prácticas y reafirmar que la investidura pública no está por encima de la ley ni de los derechos constitucionales.
Vía: El Deber