Ante el crítico panorama financiero que atraviesa el departamento, donde la propia Gobernación ha advertido una caída de ingresos superior al 90%, el exdiputado nacional Edwin Rosas planteó una alternativa para oxigenar las arcas públicas: recuperar los millonarios recursos económicos perdidos debido a decisiones «tozudas» y negligencias administrativas de pasadas gestiones.
Según Rosas, si la actual administración de la gobernadora María René Soruco realiza un seguimiento riguroso a los procesos judiciales pendientes y auditorías internas, la institución podría recuperar entre 50 y 60 millones de bolivianos que hoy hacen falta para ejecutar obras y evitar el cierre definitivo de entidades descentralizadas.
El exparlamentario señaló directamente que la actual situación de quiebra técnica no es un hecho fortuito, sino el resultado de determinaciones políticas y jurídicas mal ejecutadas por autoridades precedentes. Entre los casos más emblemáticos, Rosas citó la disolución del Servicio Departamental de Caminos (SEDECA), medida que calificó como un capricho del anterior gobernador y sus asesores, el cual derivó en un daño económico inicial de más de 10 millones de bolivianos solo por concepto de sueldos devengados para los trabajadores reincorporados. A esto sumó las pérdidas por el abandono de material asfáltico en la carretera Bermejo – San Antonio, estimando el perjuicio total en torno al SEDECA entre los 25 y 30 millones de bolivianos.
Respecto a la necesidad de sentar precedentes y no perdonar el daño económico al departamento, Rosas declaró textualmente: «Está bien que apoyemos el talento, está bien que apoyemos el turismo, pero no hagamos un borrón y cuenta nueva. Alguien es el responsable de que esta gobernación haya caído en bancarrota y que todas las entidades descentralizadas de la gobernación estén peor… Si le meten un poquito más de ojo a los procesos que están pendientes, en definitiva la gobernación puede recuperar alrededor de 50 o 60 millones».
La crisis judicial y financiera de la Gobernación también sumará presión en el corto plazo debido al sector salud. Rosas reveló que existe un fallo judicial ejecutoriado que los médicos le ganaron a la anterior administración departamental debido al incumplimiento de compromisos laborales, una deuda millonaria que ahora «le va a caer» directamente a la gestión de la actual gobernadora.
Finalmente, el exdiputado exhortó a la primera autoridad del departamento a dejar de lado la política de «borrón y cuenta nueva» y activar todos los mecanismos legales y coactivos contra los exgobernadores y malos administradores responsables del descalabro. Rosas advirtió que con la drástica reducción de las regalías e ingresos nacionales, la persecución de estos recursos desviados o perdidos por negligencia representa una de las pocas vías reales para garantizar el funcionamiento básico del gobierno autónomo y financiar proyectos de impacto social pendientes en las distintas provincias de Tarija.